[ARTÍCULO] Desaparición Involuntaria, una tipificación a conveniencia del Estado.

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Desde el 24 de diciembre de 2019 se encuentra aprobada, dentro de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Integral Penal, la Desaparición Involuntaria; esto supone que la desaparición de personas en el país debe ser tratada como un delito, antes de esto la desaparición de una persona equivalía a un trámite administrativo, tal como si se perdiera un auto o cualquier objeto.

En primer lugar, es importante decir que esta tipificación no se trata de una dádiva o decisión estatal. Organizaciones como ASFADEC, COVIDEFEM y los familiares, quienes viven directamente este drama, han presionado de manera incesante para que se logre tipificar la desaparición en el país; fenómeno que sigue siendo minimizado por las instituciones y autoridades estatales.
Ciertas organizaciones y ONG´s han negado la necesidad de esta tipificación, lo cual es grave, ya que no responde a la realidad de los familiares y causa confusión en torno a su necesidad.

Todos coincidimos en que el acto punitivo no soluciona ningún problema estructural, es decir una tipificación no impide que un delito se comenta. Problemáticas como la desaparición se solucionarán únicamente cuando cambie el modo de producción y los seres humanos dejemos de ser objetos y mercancías. Sin embargo, debemos ser coherentes con el detrimento social ocasionado por el actual modo de producción (capitalismo – imperialismo), y por ello los familiares de personas desaparecidas necesitan un marco de acción jurídica para que sus casos puedan ser investigados o resueltos. Negarse a una tipificación significa aceptar que una vida es un simple trámite administrativo que no tiene el derecho de ser buscado y encontrado.

En segundo lugar, consideramos necesario profundizar los pasos que ha seguido la Asamblea Nacional hasta llegar a esta tipificación. Para ello es importante nombrar que esta tipificación fue vetada parcialmente por el presidente, por lo cual el legislativo tuvo que aprobar nuevamente la tipificación para que de esta forma pase a otra instancia. Sin embargo, este es un detalle más, lo transcendental es que la tipificación que los familiares propusieron en primera instancia no fue tomada en cuenta.

La exigencia de los familiares era que la desaparición involuntaria se incluya dentro del apartado de Desaparición Forzada. ¿Por qué era importante esto?
Porque implica comprender que las personas no se van por su cuenta o porque quieren (discursos que ha intentado posicionar el Estado) sino asumir que existe una problemática social que por diversos factores ocasiona este fenómeno.

La desaparición forzada como categoría y dado el nuevo panorama mundial se ha ampliado, por ello en distintas convenciones internacionales, a las cuales esta adscrita el Estado ecuatoriano, hablan de la Desaparición Forzada por particulares sin la aquiescencia del Estado. Esto quiere decir que, no es una desaparición que la ocasionó directamente el Estado, sin embargo, sigue siendo forzada ya que está perpetrada por la fuerza como en los casos de trata de personas y tráfico de órganos, o aquellos que concluyen en un feminicidio o aquellos casos relacionados con terceros que han decidido privarle de su libertad a una persona por distintas motivaciones.

Por ello es importante la responsabilidad que tiene el Estado frente a esta problemática. En unos casos responsabilidad por acción y en otros por omisión.

¿Cuándo por omisión?
Cuando sus instituciones no cumplen con lo necesario para encontrar a una persona y se convierten en cómplices de las desapariciones.

En el panorama actual hemos visto un sinnúmero de denuncias de distinta índole que ratifican el involucramiento de funcionarios e instituciones estatales. El informe publicado por Plan V, la trata ante al Espejo (1) , devela las formas de funcionamiento de redes que no están por fuera de la maquinaria estatal.

El caso de Carolina es otro. Llama la atención el porqué la primera autopsia revelada por la DINSED, habla de una muerte natural, cuando en la actualidad sabemos que fue violada y ultrajada hasta su muerte.

De esta forma, podríamos nombrar un sin número de casos en donde el involucramiento del Estado no es algo menor.

La violencia estructural se reproduce en sus diferentes formas, por lo que no podemos negar que las personas, en su mayoría pertenecientes los sectores populares, son víctimas de trata, explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos, etc. y que esto sucede a vista y paciencia de Estados como el ecuatoriano, a los que no les interesa hablar de esta problemática y por el contrario, la profundizan.

Aquí es necesario anotar que estos ilícitos son negocios que reportan altas ganancias y que corresponden a una clase social alta, que, de mano de los estados, empuja y alienta estas actividades para su beneficio.
México es uno de los ejemplos a evitar. El narcotráfico, es decir un ilícito, junto al Estado y su corrupción, han ocasionado que desde el 2007 hasta el 2017 que se registren 32.277 personas desaparecidas (2) . Aunque muchos expertos han hablado de un sub registro, por tanto, la cifra real sería mayor. Recordemos que México también es el país de tránsito a Estados Unidos, en donde desaparecen muchos migrantes en manos de traficantes de personas.

Por lo mencionado anteriormente se hace fundamental cuestionar el por qué el Estado Ecuatoriano tipifica este tipo de desaparición bajo la figura legal de “Desaparición Involuntaria” y dentro del Artículo 163 en el COIP, que trata sobre Simulación de Secuestro, cuando la exigencia inicial de los familiares era que se incluya dentro de la Desaparición forzada, tomando la ampliación de la misma, es decir, la ocasionada por particulares sin la aquiescencia del Estado.

Es importante señalar que con esta tipificación el Estado ecuatoriano no suscribió al Artículo 3 de la Convención Internacional para la Protección de Personas Desaparecidas de las Naciones Unidas del cuál forma parte. Dicho artículo insta a los Estados que forman parte de esa convención a tomar medidas para investigar las desapariciones que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
Cómo familiares nos preguntamos cuál es la razón de que la desaparición forzada por particulares no tenga un artículo exclusivo dentro del COIP, cómo lo que es, un delito que debe ser tratado con sus particularidades.
Tratarlo como ¨Desaparición Involuntaria” dentro del Secuestro, involucra no reconocer la desaparición como un delito de por sí. El secuestro presupone un estado transitorio, la desaparición no es lo mismo que un secuestro, es decir nadie esta pidiendo nada a cambio por la persona desaparecida. Además, disminuye la posibilidad de investigar la brutalidad de otros delitos (aparte de la desaparición en sí) que están detrás de desaparición de una persona.

Finalmente señalaremos que esta Tipificación entrará en vigencia después de 180 días de haber sido publicada. Es decir, las personas que desparezcan en los próximos cinco meses, no entrarán dentro de este delito y seguirán siendo tratadas como meros trámites administrativos.
Así mismo, los familiares de casos anteriores al 24 de diciembre, exigimos que el Estado se responsabilice de nuestros casos, los mismos que llevan años en la impunidad, y que estos dejen ser actos administrativos. Exigimos que sean tratados como lo que son, victimas de una desaparición forzada ocasionada por particulares o lo que ellos han decidido llamar “desaparición involuntaria”, lo cual a nivel discursivo tiene una implicación: que alguien desapareció sin intención y no que lo desaparecieron por la fuerza.

Demandamos que las instancias pertinentes apliquen los principios de favorabilidad para que nuestros caos sean manejados en base estándares mínimamente respetables en aspectos jurídicos, legales y de investigación.

Denunciaremos a tiempo y de forma constante el hecho de que el Estado no quiere asumir su verdadera responsabilidad en casos de Desaparición Forzada en manos de particulares sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia Estatal.

1. https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-trata-ante-el-espejo-el-informe-que-oculto-el-gobierno-correa

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