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[ARTÍCULO] La pandemia y la desigualdad: Tiempos de crisis social donde el Estado propone una distribución drásticamente desigual.

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Mucho se ha hablado acerca de las pérdidas económicas que dejará como producto la paralización de actividades debido al confinamiento masivo obligatorio para detener la propagación de contagio del COVID-19. Son varios los sectores que se han pronunciado acerca de dicha problemática, pero sin duda quienes son los perjudicados más inmediatos son las personas de sectores informales que deben obtener recursos al día para sobrevivir, personas que no tienen la posibilidad de recibir un salario fijo que les brinde cierta estabilidad. Si su situación ya era complicada antes de la emergencia sanitaria, ahora es mucho más compleja y más aun sin saber, cuando terminará el confinamiento obligatorio, y retomar cierta normalidad. Por ello es que varios de ellos se aferran a laborar por unas horas en medio de la emergencia sanitaria, ya que no tienen otra opción para sobrevivir.

Pero el problema que viven estas personas se empora más, cuando tienen que lidiar con la represión por parte de las autoridades municipales especialmente.  En el caso de quito, cuya planificación se basa bajo el paradigma del turismo, encuentra en las ventas informales un serio inconveniente para el establecimiento del “orden y seguridad en la vía pública”, especialmente en el centro histórico. En ese sentido, la lucha contra los informales se ha convertido en una política del municipio, por lo cual deben ejercer la represión por medio de la policía municipal y el retiro de sus productos en diferentes sectores de la ciudad. Un contexto que solo agudiza las condiciones de un sector que se encuentra a la intemperie con el constante acoso de las autoridades quienes les impiden trabajar. Es un sector que necesita salir diariamente a laborar y necesita el movimiento de personas para vender sus productos en las calles o medios de transporte y por ello que esta cuarentena obligatoria termina siendo un duro golpe para su economía y subsistencia.

La emergencia sanitaria fue el pretexto perfecto para que el municipio de Quito desaloje las ventas informales la madrugada del 24 de marzo, en la conocida calle Loja en el sector de San Roque. Según el alcalde y otras autoridades municipales el lugar era “una zonza de posible contagio” debido sus condiciones insalubres. Sin embargo, lo que llama la atención la forma del desalojamiento, que consistió en la destrucción de las estructuras que poseían varios de los puestos además del decomiso de sus productos. Es importante tener como antecedente que el sector de San Roque siempre se ha encontrado en cuestionamiento y en planes de regeneración urbana por parte del municipio e incluso del gobierno de Correo que planeaba transformar al sector en un lugar hotelero al estilo arquitectónico de las calles de Bruselas en Bélgica.

Una muestra clara de que los sectores vulnerables serán quienes sufrirán más los efectos de una crisis inminente. Un escenario trágico para un país, en donde solo el 38,5% de la población cuenta con un empleo adecuado y la tasa de desempleo se encuentra en un 4,9 %, según datos del INEC en 2019. Desde el gobierno solo se ha escuchado la repartición de ciertos bonos a personas que se encuentren en situaciones vulnerables, lo cual resulta ser insuficiente, y que no se sostiene con una política social real que pueda ayudar de manera efectiva a estos sectores frente a una crisis que recrudecerá sus condiciones de vida, después de la crisis sanitaria. Igualmente habría de preguntarse cuál será la postura de los municipios como el de Quito, con los trabajadores informales, a saber, si seguirá la represión y persecución a los informales continuará.

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