english
espanol

buscar



todos las palabras
cualquier palabra
medios
imágenes
audio
vídeo



publicar
Publique sus artículos con archivos de texto, imágenes, audio o vídeo de manera instantánea.

faq
editorial
ayuda
contacto
enlaces


Sitios con información sobre Ecuador y la región

LIBRERED
REBELION
LA HAINE
NOTICIAS DEL SUR

Encriptar tu navegación

Presidente injuria a Jaime Guevara

Visitas de octubre

contador visitas

Campañas Permanentes

Recibe nuestras noticias

Tu e-mail


Siguenos en redes Sociales



Otros CMIs::


www.indymedia.org

Projects
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
canarias
estrecho / madiaq
kenya
nigeria
south africa

Canada
hamilton
london, ontario
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

East Asia
burma
jakarta
japan
manila
qc

Europe
alacant
andorra
antwerpen
armenia
athens
austria
barcelona
belarus
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
malta
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris/île-de-france
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
toulouse
ukraine
united kingdom
valencia
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
chile sur
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
tijuana
uruguay
valparaiso
venezuela

Oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
burma
darwin
jakarta
manila
melbourne
oceania
perth
qc
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
big muddy
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
columbus
danbury, ct
dc
hampton roads, va
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
omaha
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
saint louis
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
tallahassee-red hills
tampa bay
tennessee
united states
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

West Asia
armenia
beirut
israel
palestine

Topics
biotech

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer
Indymedia es un colectivo de medios independientes y cientos de periodistas que ofrece noticias con perspectiva de base de los problemas críticos de la globalización.

faq | editorial | ayuda | contacto | enlaces | publicar

PROGRAMA DE GOBIERNO DE UNIDAD PLURINACIONAL

Unidad Plurinacional de las Izquierdas 18.11.2012 21:36
Concretar la propuesta constitucional sobre el Sumak Kawsay o Bien Vivir y el Estado Plurinacional, en el marco de una gestión radicalmente democrática y participativa.

Unidad Plurinacional de las Izquierdas
Unidad Plurinacional de las Izquierdas


Presentación

Como resultado de un esfuerzo colectivo, iniciado hace mucho tiempo atrás, ponemos en consideración del pueblo ecuatoriano este acuerdo programático de las organizaciones de izquierda y de los movimientos sociales.

Conscientes de la necesidad de construir colectivamente nuestra propuesta de gobierno mantenemos abierto el debate a nivel nacional y comunitario para que este importante aporte popular se constituya en el mandato de nuestra acción gubernamental.

No nos interesa solo el contenido de este programa sino también la forma como lo elaboramos; en su suma no solo cuenta el destino: una sociedad democrática, sino el camino mismo: un proceso democrático. De esta manera, en esta etapa electoral, ya estamos prefigurando la característica eminentemente democrática de nuestro gobierno plurinacional. Y por cierto este programa se enriquecerá con el debate que propiciamos en este período electoral, por lo tanto este documento es para nosotros un texto de construcción colectiva permanente.

Queremos renovar nuestra orientación y remozar nuestras prácticas. Por eso este proceso de discusión y participación colectiva abre una nueva época de las izquierdas ecuatorianas. La construcción del programa de gobierno y de los planes sectoriales será un proceso colectivo y permanente que servirá no solo para poner en marcha el gobierno de la Unidad Plurinacional, sino para construir unas izquierdas que sean incómodas con el poder y que no quieren ser la izquierda que la derecha demanda.

Este documento recoge importantes momentos y propuestas de nuestra unidad social y política en el último periodo: el manifiesto de constitución de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas; el pronunciamiento de las organizaciones sociales reunidas en Quito el 9 de agosto de 2011; el mandato de 19 puntos de la Marcha Nacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de Nuestros pueblos, organizado por los movimientos sociales en marzo del 2012; y las resoluciones de la Convención Nacional de Movimientos Sociales del 19 de mayo de 2012. Por supuesto que la base de este programa se encuentra en la Constitución de Montecristi, elaborada con una amplia participación social y aprobada masivamente por el pueblo en las urnas en septiembre del año 2008.

Con estos antecedentes y en cumplimiento de lo que dispone la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador -Código de la Democracia- presentamos ante la ciudadanía y autoridades electorales, el siguiente Plan de Gobierno, estructurado con todos los componentes que señala el artículo 97 de la mencionada Ley:

?1. Diagnóstico de la situación actual;

2. Objetivos generales y específicos.

3. Plan de trabajo plurianual de acuerdo a la dignidad a la que hubiere optado, en el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse de resultar electos;

4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión.?

1. Diagnóstico de la situación actual

La lucha de los pueblos se expresa a escala planetaria. Los oprimidos y excluidos se indignan, se rebelan y se comprometen con una transformación radical del sistema económico, político y social vigente. El capitalismo es la versión más extrema de la alienación, de la explotación económica, de la inequidad, de la colonialidad del poder y de la depredación ambiental. El sistema capitalista tiende a autodestruirse. Construir una sociedad que supere al capitalismo ha dejado de ser una utopía y se ha constituido en una posibilidad inaplazable.

La crisis generalizada, multifacética y simultánea se extiende por todos los continentes. La paradoja actual en la que el capital transnacional abandona los países metropolitanos para refugiarse en los más atrasados, obviamente está condenada a ser pasajera. Los síntomas de una recesión de los precios de las materias primas en el mercado mundial son cada vez más evidentes. Por lo tanto debemos estar atentos a los embates de dicha crisis, frente a la que el gobierno de Rafael Correa muy poco se ha preparado.

Asegurar la vida de los seres humanos y de la naturaleza, es el clamor generalizado que demanda una democracia real y participativa y una economía que liquide el abuso y la explotación del capital financiero internacional como primer paso para una transición hacia una economía comunitaria sustentada en la solidaridad y la reciprocidad. La atención prioritaria debe centrarse en el ser humano que forma parte de la naturaleza. Estas transformaciones exigen una democracia radical y la vigencia de paz, entendiendo que la paz es el camino.

América Latina asiste a un singular proceso histórico y político en el que se viven importantes expresiones de descolonización y de recuperación de la soberanía. Nuestros pueblos luchan por la formación de Estados plurinacionales, soberanos, democráticos y por la descolonización radical del poder. Las presiones geopolíticas y del capital internacional, por otra parte, con la complicidad de algunos gobiernos como el de Rafael Correa, pretenden el control de nuestros recursos naturales y promueven una ampliación del viejo proyecto extractivista para recomponer su dominio mundial condenando a nuestros pueblos y naciones a un proceso de recolonización. Así, con frecuencia, los gobiernos de la llamada ?vertiente progresista?, que dicen defender la soberanía y los legítimos derechos de sus pueblos y naciones, terminan por capitular ante las fuerzas del capital transnacional.

El actual gobierno ecuatoriano es fruto directo de este acumulado histórico de cambios profundos que se expresó en la primera etapa de su gestión y en la aprobación de la Constitución de Montecristi. El presidente Rafael Correa, sin embargo, fue cambiando de dirección, ha traicionado este proceso histórico impulsado por las fuerzas sociales y populares que lo eligieron. Su ejercicio de poder cada vez más autoritario, personalizado y caudillesco alienta una modernización del capitalismo, justamente cuando éste está en una grave crisis y los pueblos plantean su superación.

Una modernización tecnocrática del capitalismo en el Ecuador no le salvará al país de la crisis del capitalismo. Tanta miopía solo se entiende por la complicidad de este gobierno con el capital transnacional y con los grandes grupos de poder nacionales. La racionalidad tecnocrática y el conocimiento experto conducen casi siempre a visiones autoritarias y respuestas equivocadas. Tan convencidos estás los tecnócratas y los expertos de la bondad de sus propuestas que no se toman el tiempo para evaluar lo que cuesta llevarlos a cabo o el desgate que provoca su imposición. Es, por lo tanto, indispensable alentar respuestas en base a un diálogo respetuoso para evitar cualquier forma de tiranía.

Es más, sin reformas estructurales, el gobierno de Correa asegura una mayor acumulación a los grupos económicos y a la banca. Si bien algunas ventajas han obtenido ciertos grupos marginados, el grueso del beneficio se concentra, como nunca en la historia republicana, en los mayores grupos de poder económico y financiero tanto nacionales como transnacionales.

Ante esta realidad, los pueblos y nacionalidades, las organizaciones políticas y sociales, plurinacionales y de izquierda, asumimos el desafío histórico: construir una sociedad democrática que forje el Sumak Kawsay o Buen Vivir, que no es una simple alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. Esto demanda el ejercicio de la soberanía nacional en todos los órdenes, el establecimiento real de un Estado Plurinacional y la socialización del poder. Esta tarea exige un esfuerzo coordinado que excluye sectarismos, dogmatismos y nefastos hegemonismos.

2. Objetivos generales y específicos

Objetivo General:

Construir una sociedad democrática que forje el Sumak Kawsay o Buen Vivir, que es una alternativa a las concepciones de desarrollo. Esto demanda el ejercicio de la soberanía nacional en todos los órdenes, el establecimiento real de un Estado Plurinacional y la socialización del poder. Tal tarea exige un esfuerzo coordinado que excluye sectarismos, dogmatismos y nefastos hegemonismos.

Objetivos Específicos:

Para lograr una transformación radical del sistema económico, político y social vigente, nos comprometemos a luchar por la cristalización de los siguientes objetivos específicos:

1.- Generar una democracia radical en pos de la construcción de un Estado plurinacional.

2.- Impulsar políticas condiciones y acciones para erradicar la inseguridad ciudadana

3.- Lograr la vigencia de los Derechos de la Naturaleza dispuestos por la Constitución

4.- Desarrollar una economía y sociedad soberanas de carácter alimentaria, financiera, energética, cultural y tecnológica

5.- Impulsar una política social digna y participativa en el campo de la socialización de la salud y de la revolución educativa intercultural.

6.- Priorizar la política y la atención a las mujeres, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, la juventud y la niñez

7.- Generar mecanismos para profundizar los derechos y la atención a los migrantes.

8.- Impulsar la economía social solidaria como dispone la Constitución.

9.- Combatir la corrupción de las esferas públicas y privadas.

10.- Impulsar la economía social solidaria como dispone la Constitución.

11.- Promover la integración y unidad latinoamericana y la paz mundial.

12.- Forjar el Sumak Kawsay.

3. Plan de Gobierno Plurianual, propuestas y estrategias

Objetivo específico 1.- Generar una democracia radical en pos de la construcción de un Estado plurinacional



Propuestas y estrategias:

Ecuador es un país de diversas nacionalidades y pueblos: indígenas, afrodescendientes, montubios, mestizos, cholos. Esa es, sin lugar a ninguna duda, su mayor riqueza en todos los órdenes. Por lo tanto es inaplazable asumir dicha diversidad y reivindicar con equidad los derechos soberanos de individuos y comunidades en la construcción real de un Estado Plurinacional, libre de toda forma de colonialismo externo e interno.

Eso exige un gobierno de unidad plurinacional donde se encuentren representados todos los pueblos, nacionalidades, organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas. Y eso implica un esfuerzo a ser llevado bajo los principios de plurinacionalidad y del Sumak Kawsay o Buen Vivir, como elementos indivisibles y fundamentales de un nuevo Estado.

Nuestro gobierno impulsara la construcción del Estado Plurinacional, sustentado en la interculturalidad. Para nuestro gobierno no implica simplemente incorporar a los indígenas mediante mecanismos de modernización tecnocrática del Estado que favorezcan espacios especiales como sería la educación intercultural bilingüe sólo para indígenas.

Para la construcción del Estado Plurinacional nuestro gobierno asumirá y procesará los códigos culturales de los pueblos y las nacionalidades, superando las tradiciones eurocéntricas. En este proceso construiremos una institucionalidad que democratice el ejercicio del poder, promoviendo el desarrollo individual y colectivo de la ciudadanía, incorporando también los derechos de la naturaleza como parte de un profundo cambio civilizatorio.

Entre otros puntos fundamentales garantizaremos la consulta previa, libre e informada y pre?legislativa, así como toda forma y estrategia de desarrollo del proceso plurinacional. Daremos a la consulta previa el carácter de vinculante en todos los temas que afecten la integridad de las poblaciones y de las áreas naturales protegidas, de los ecosistemas, de la biodiversidad, nacientes y flujos de agua. Propondremos la Ley Orgánica de Consulta a las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, respetando lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

Empezaremos por restituir las instituciones estatales que representan a los pueblos y nacionalidades, como la Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB), Salud Intercultural, Consejo y Fondo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades, garantizando su autonomía y asegurando la plena participación de los actores indígenas. Garantizaremos también el pleno respeto a los gobiernos comunitarios de pueblos y nacionalidades, así como la concreción de las circunscripciones territoriales indígenas.

Para lograr estos objetivos y estrategias empezaremos por construir un gobierno democrático que desconcentre, descentralice y socialice la toma de decisiones políticas en todos los niveles y que garantice la plena vigencia de los derechos humanos y derechos de la naturaleza.

Es cada vez más urgente caminar hacia otras formas de organización y prácticas políticas, en las que no tenga cabida ningún caudillismo, sino liderazgos colectivos. La tarea, nos conduce a mejorar la democracia representativa y, sobre todo, a construir una democracia participativa, basada en la organización social y comunitaria, de tal forma que los mandantes ?manden obedeciendo?. Esto significa reproducir paulatina pero conscientemente la forma como se construía y se construye aún el consenso en algunos sectores indígenas, populares y sociales.

Para lograrlo empezaremos por construir un gobierno democrático que desconcentre, descentralice y socialice la toma de decisiones políticas en todos los niveles y que garantice la plena vigencia de los derechos humanos y derechos de la naturaleza.

Esto nos lleva a ratificar los principios constitucionales de descentralización y autonomía: en respeto de la soberanía popular apoyaremos decididamente a todos los gobiernos seccionales ?juntas parroquiales, municipios y prefecturas-, independientemente de su filiación política. Para impulsar este cometido desmontaremos todas aquellas instancias y políticas recentralizadoras puestas en marcha por el régimen correista.

Repensar el país desde las comunidades y los barrios es para nosotros un compromiso ineludible. Eso implica, para citar apenas unos cambios en la lógica imperante impulsar estructuras comunales que contengan su propia policía, sus esquemas de justicia, su propio sistema financiero, su escuela, su centro de recreación, sus propios sistemas de guardería y cuidado de mayores, sus tiendas, sus monedas comunitarias, vías especiales para bicicletas, entre otros. De esta manera la ciudadanía recuperaría los espacios públicos, lo que redundaría inclusive para reducir la inseguridad.

La Constitución redactada en Montecristi será nuestra pauta en el ejercicio del poder. Se derogarán las leyes, normas y reglamentos que se le opongan; así, por ejemplo, derogaremos el primer día de nuestra gestión el Decreto 813, de 7 de julio de 2011, que establece la perversa compra de renuncia obligatoria.

Los derechos ciudadanos -individuales, colectivos y ecológicos-, de los trabajadores y campesinos, de los pueblos y nacionalidades serán respetados sin ningún tipo de restricciones. Jamás recurriremos a la criminalización del pensamiento, de la libertad de expresión, ni de la protesta social. Los derechos constitucionales de organización, reclamo, huelga y resistencia estarán plenamente garantizados, así como el derecho a pensar diferente.

Será un compromiso permanente de nuestro gobierno la libertad de expresión, entendida como la libertad del otro, del que piensa diferente. Para lograrlo es básico hacer realidad la democratización de la comunicación y la construcción de una nueva ley basada en los principios de plurinacionalidad e interculturalidad consagrados en la Constitución, y que cumpla la distribución equitativa de las frecuencias. El ejercicio universal de la comunicación es un derecho que asiste a todos los profesionales del periodismo y a toda la ciudadanía sin restricciones de ninguna especie.

La protección del derecho a la verdad, a la reserva de la fuente, al secreto profesional y el derecho a la opinión no serán penalizados. Estas acciones contribuirán a construir una democracia real, transparente, que evite toda restricción a la libre expresión, principalmente de organizaciones sociales, pueblos, nacionalidades, ciudadanos y ciudadanas. Somos conscientes que sin libertad de expresión no hay crítica, sin crítica no hay debate público y sin debate público no hay democracia.

La información y opinión que circulan en las redes sociales constituyen un derecho universal, al igual que el acceso a Internet sin restricción alguna. Nos comprometemos con una política que asegure Internet para todos y todas, que entregue los equipos necesarios a toda la ciudadanía, empezando con un programa que entregue computadores a los y las estudiantes que cursen el quinto año de bachillerato público principalmente, para que estos avances tecnológicos no sean solo accesibles a un grupo reducido de la población. Los servicios de Internet y telefonía, con tarifas preferentes, al igual que las de la electricidad, garantizarán el acceso en el área rural: cada vez es más necesario mejorar la condición de vida de los campesinos y las campesinas con el fin de mantener la juventud e impedir el envejecimiento de la población.

Nos proponemos empezar para conseguir el objetivo expuesto en el punto anterior con una campaña nacional masiva y permanente de alfabetización digital. El avance de las tecnologías de la comunicación es ciertamente mucho más rápido que las capacidades de la gran colectividad de manejarlas. Hay una nueva clase de analfabetos, los digitales, que están amenazados de niveles crecientes de exclusión. E inclusive los que están insertos en el mundo digital, no conocen sus peligros y reales beneficios. De nada sirve tener Internet si no sabemos cómo usarlo adecuadamente, de nada sirve que nuestros jóvenes tengan celulares si han generado dependencia a ellos, de nada sirve que nuestros niños accedan a facebook para ser acosados. Se trata de entender la tecnología, sus implicaciones, potenciales y desafíos. Se trata de que la gente aprenda a interactuar con la tecnología.

Garantizaremos el derecho a la movilización y a la protesta de acuerdo con lo establecido en la Constitución. En nuestro gobierno, democrático en esencia, estaremos orgullosos de la acción de compatriotas que defienden los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, si alguna vez estos son afectados. En consecuencia, desde el primer día de nuestra gestión, promoveremos la inmediata amnistía general a los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza que por esta lucha se encuentran procesados en las instancias judiciales. Impulsaremos la libertad sin condiciones de los presos políticos, empezando por los diez jóvenes detenidos en Luluncoto. Impulsaremos la eliminación de la tipificación penal que criminaliza la protesta social.

El respeto a la participación autónoma de las organizaciones sociales será una condición de nuestro gobierno. Desterraremos toda acción encaminada a dividir a las organizaciones sociales o a cooptar a sus dirigentes, como lo hace el correismo. También dejaremos de lado toda forma de deslegitimación y descalificación de dirigentes sociales y políticos que expresen sus diferencias.

Nuestro gobierno promoverá el fortalecimiento de las organizaciones sociales. Y por esas razones no aceptaremos ningún tipo de presión o chantaje proveniente de los grupos transnacionales u oligárquicos orientados a subordinar a dichas organizaciones a sus intereses particulares. Cualquier agresión a las comunidades, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales será impedida. La unidad, la participación real y la búsqueda de consensos será una política fundamental de nuestro gobierno.

En defensa de la soberanía nacional, marcaremos distancias con las doctrinas de seguridad más reaccionarias todavía vigentes en algunos países de América Latina.

Se eliminará toda forma de tercerización, así como otras formas de flexibilización laboral y de trabajo precario, como lo es la externalización de los servicios complementarios. En esta línea, ratificamos nuestra decisión de derogar el Decreto 813, con el fin de reintegrar a los trabajadores y trabajadoras separados a través de las renuncias obligatorias y otras formas de despido intempestivo. También impulsaremos la derogatoria de la Ley Orgánica de Servicio Público y la aprobación del nuevo Código Laboral demandado por las centrales sindicales.

Nunca más los servidores públicos serán obligados a llenar plazas y calles en defensa de gobiernos autoritarios. Nuestro gobierno encontrará su fuerza en la voluntad de las organizaciones y movimientos sociales, así como en las agrupaciones políticas que conforma la Unidad Plurinacional.

Objetivo específico 2.- Impulsar políticas, condiciones y acciones para erradicar la inseguridad ciudadana



Propuestas y estrategias:

En los últimos años, la expansión de la inseguridad es un hecho indiscutible. El gobierno de Rafael Correa ha fracasado también en este ámbito de la vida nacional. El campo y la ciudad están siendo azotados por toda forma de delincuencia y crimen organizado. Por ello nos comprometemos al restablecimiento de la seguridad que es hoy un clamor ciudadano.

Para hacer posible este objetivo convocaremos a un gran acuerdo nacional y elevaremos a la seguridad ciudadana a política de Estado. Enfrentaremos decididamente a la delincuencia y al crimen organizado y al narcotráfico para desterrar la creciente inseguridad que vivimos los habitantes del Ecuador.

Se pondrá especial énfasis en la prevención de la seguridad para enfrentar y eliminar sus causas socioeconómicas. Garantizaremos la justicia social como la base de la seguridad ciudadana, superando el hambre, la marginalidad, el desempleo y la pobreza

Se impulsará la mínima intervención penal, que garantice la aplicación de los derechos de las partes, superando la visión punitiva de la justicia.

La función judicial, factor de garantía de la seguridad ciudadana, será respetada como una Función plenamente independiente y autónoma para garantizar el derecho a la justicia, eliminando la impunidad y brindando los recursos para el acceso universal a los servicios judiciales. El Estado garantizará los derechos y libertades, tal y como dispone la Constitución.

Se impulsará la acción de la Escuela Judicial, que garantice la formación de los servidores judiciales, comprometidos con una justicia imparcial e independiente.

Promoveremos una justicia de paz en las comunidades y los barrios para resolver los conflictos cotidianos, facilitando el acceso a la justicia a todas las personas.

A la Policía Nacional se le tratará con la dignidad que se merece en tanto es la principal institución del Estado responsable de la seguridad ciudadana, conforme el mandato constitucional. La Policía ciudadanizada será una herramienta indispensable para asegurar desde los barios y comunidades mejores niveles de seguridad. Se promoverá su coordinación con las Fuerzas Armadas en aspectos puntuales para enfrentar la inseguridad.

A la policía se le dotará de toda la tecnología científica, esto es laboratorios, para que pueda emitir informes técnico-científicos que aporten a las juezas y
jueces para que tenga mayor certeza al emitir sus fallos y no encuentren pretextos para torcer la justicia. Con ello se ayudará a evitar la corrupción de la justicia.

La ciudadanización de la Policía evitará que se convierta en un órgano de represión social a fin de que se transforme en una institución de protección de la ciudadanía. Solo así se garantizará que su funcionamiento sirva para la prevención del delito y el desmantelamiento del crimen organizado local y transnacional. Eso implica la investigación y la prevención de riesgos criminales dentro y fuera del país, la investigación sobre las causas del delito, el protagonismo de las víctimas en la solución de los conflictos, la aplicación de medidas alternativas eficaces a la prisión preventiva, entre otras medidas.

Además de las políticas sociales, se aplicará políticas serias y viables de reinserción de las personas privadas de su libertad. Se propiciará la inclusión laboral de los reclusos que han cumplido con su condena y su proceso de rehabilitación.

Se respetará como política de Estado a la justicia ancestral y a las funciones jurisdiccionales de Justicia Indígena. Se impulsará el Pluralismo Jurídico, para que cumpla el papel garantizado en el artículo 1 de la Constitución de la República, para que la justicia ordinaria y la justicia indígena no se contrapongan, es decir, que se cumplan y se respeten sus fallos

Generaremos y fortaleceremos con urgencia una política de seguridad internacional que unifique a las instancias relacionadas con la seguridad en UNASUR, al CELAC, al ALBA y a otras instancias de integración regional.

Objetivo específico 3.- Lograr la vigencia de los Derechos de la Naturaleza dispuestos por la Constitución



Propuestas y estrategias:

Haremos de los Derechos de la Naturaleza, establecidos en la Constitución de Montecristi, una base indispensable para la realización del Sumak Kawsay, que se sustenta en relaciones armónicas entre los seres humanos y de estos con la naturaleza. Esto implica reproducir y realizar la vida, respetando integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Promoveremos mediante programas y proyectos nacionales, la restauración de los ecosistemas, de los suelos empobrecidos, de las aguas contaminadas y de las ciudades, de tal manera que el Sumak Kawsay sea posible tanto a nivel rural como urbano.

Desarrollaremos programas para asistir a los pequeños productores, artesanos y trabajadores del campo y la ciudad para que tengan condiciones de vida y trabajo saludables para sí mismos y para la Naturaleza.

Impulsaremos los emprendimientos públicos y privados que permitan desarrollar tecnologías limpias, la inventiva y la creatividad, para mejorar las condiciones de vida en armonía con la Naturaleza.

Favoreceremos los proyectos e infraestructuras descentralizados, de pequeña escala, de bajo impacto, también de carácter comunitario, participativos, que permitan la generación de bienestar desde los niveles locales restableciendo las relaciones armónicas con la naturaleza.

La naturaleza y a sus derechos serán respetados, resaltando que los principales beneficiarios de los mismos, son los y las jóvenes, los niños, las niñas y las futuras generaciones.

Acataremos las diversas prohibiciones y restricciones constitucionales para garantizar los derechos de la naturaleza, entre ellas, la prohibición de introducir transgénicos y contaminantes orgánicos persistentes, desechos tóxicos, así como las actividades extractivas en áreas protegidas.

Todos los contratos mineros, petroleros y megaproyectos vigentes serán auditados para garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales.

Propugnaremos activa y coherentemente la universalidad de los Derechos de la Naturaleza como parte de nuestra política internacional, considerando que el Ecuador es el primer país que ha constitucionalizado dichos derechos. Impulsaremos la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y un Tribunal Internacional Ambiental para sancionar los delitos ambientales.

Los mandatos constitucionales a favor de las Áreas Naturales Protegidas serán de estricto cumplimiento, así como la protección de la biodiversidad. Será un imperativo nacional trabajar mancomunadamente en revertir la erosión de la tierra, que ya afecta a un 47% de la superficie, la contaminación del agua y la desertificación.

Impulsaremos, en los hechos y más allá de la retórica, una estrategia integral de transición para superar el extractivismo que destruye la naturaleza, afecta derechos de poblaciones enteras y, que ha sido una de las principales causas de nuestro subdesarrollo. Esta estrategia de transición tendrá adecuados planes de ordenamiento territorial estableciendo con precisión aquellas regiones en donde, bajo ningún concepto, se pueden permitir actividades extractivistas.

En consecuencia, la política minera de nuestro gobierno rechazará los megaproyectos y la minería metálica a cielo abierto, y promoverá la organización eficiente de los pequeños y medianos productores mineros bajo control estatal, garantizando los derechos de la naturaleza y los laborales. El Mandato Constituyente N° 6 debe ser de estricto cumplimiento, y demandaremos ante la Corte Constitucional el incumplimiento de dicho mandato.

Impulsaremos la derogatoria de todos los artículos y aspectos inconstitucionales de la Ley Minera. Se anularán los contratos de explotación minera que hayan sido firmadas burlando mandatos constitucionales, como el de la consulta previa o el de no explotación en fuentes o nacientes de agua. La herramienta más efectiva para proteger el Sumak Kawsay o Buen Vivir es el consentimiento previo, libre e informado a las comunidades respecto de la actividad minera.

Nuestro mayor potencial alternativo a la minería es la riqueza biológica y cultural. Su aprovechamiento racional puede generar mayor empleo e ingreso de divisas que la minería. El turismo, que será manejado como una política de Estado, es un ejemplo emblemático de generación de empleo y equidad mucho más potente que cualquier actividad extractivista y será impulsado sobre base de equidad social y sustentabilidad ambiental, favoreciendo a los medianos y pequeños emprendimientos turísticos, a los que beneficien a las comunidades y estén lejos de los grandes conglomerados turísticos oligopólicos. El país cuenta con grandes potencialidades como bosques primarios, diversidad de aves y orquídeas, riqueza hidrológica, playas, las islas Galápagos, pesquerías, culturas milenarias, bioconocimientos, suelos ricos, agrodiversidad, café y cacao de primera, etc.

Se mantendrá en sus límites actuales la frontera de explotación petrolera, respetando los territorios y la autodeterminación de los pueblos libres (en ?aislamiento voluntario?) y acatando las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como es el caso de Sarayaku. Se suspenderán de manera inmediata las operaciones en el bloque 31 y se dará plena garantía de intangibilidad al ITT, promoviendo a nivel mundial la propuesta de dejar el crudo bajo suelo: la Iniciativa Yasuní-ITT. Para nosotros, el Yasuní es sagrado.

Objetivo específico 4.- Desarrollar una economía y sociedad soberanas de carácter alimentaria, financiera, energética, cultural y tecnológica



Propuestas y estrategias:

El territorio de Ecuador, continental, marítimo y espacial, incluidos sus derechos sobre la órbita geoestacionaria, es irreductible. El patrimonio natural, el patrimonio intangible y los conocimientos ancestrales de los pueblos serán protegidos. Construiremos la soberanía en todas sus expresiones: política, territorial, económica, energética, alimentaria, cultural.

Construcción de la soberanía alimentaria

La soberanía alimentaria será un pilar fundamental de nuestro gobierno, que se sustentará en el derecho que tienen los agricultores a controlar la agricultura y los consumidores a controlar su alimentación. Por lo tanto nuestra atención estará dirigida a dar a la alimentación el trato de derecho humano de todo ciudadano y ciudadana. Y por cierto erradicaremos el hambre en nuestra administración, impulsando el plan ?hambre cero?, para lo cual proponemos una verdadera revolución agraria que incorpore los ya mencionados derechos de los productores y de los consumidores.

El acceso democrático a la tierra es un eje central de la soberanía alimentaria. Impulsaremos directrices políticas claras a fin de salvaguardar la tierra como bien público y respetaremos las tierras y los territorios colectivos. La tierra es un préstamo que nos hacen las futuras generaciones, con unas condiciones muy sencillas: cuidarla para que sobreviva en su genuina función, para que facilite alimentos a la población y sea un medio de vida para los campesinos. Frente a los modelos de explotación agraria destructivos, emprenderemos el cuidado de la tierra, sobre todo como las mujeres lo han hecho desde tiempos inmemoriales para enfrentar la permanente explotación y destrucción del agro.

Se redistribuirá con equidad la tierra y se legalizará la tenencia de tierras y territorios, para promover la agroecología y la economía familiar campesina, que fomente el cultivo ético de la tierra, que desprivatice el agua asegurando la gestión social del riego, que establezca adecuados mecanismo de crédito, que fomente tecnologías apropiadas con el medio, que fortalezca los sistemas de transporte y los mercados.

Fortaleceremos la economía de las personas, comunas, comunidades, nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios a través de la reparación ambiental y recuperación ecológica de suelos, la protección de las vertientes, la descontaminación de las aguas, la producción sustentable y el comercio justo, teniendo como prioridad garantizar la soberanía alimentaria.

El incremento de la productividad en el agro se lo conseguirá garantizando el acceso democrático a los recursos productivos como la tierra y el agua, lo que implica una profunda redistribución de los mismos. Aprovecharemos el enorme potencial que tiene el Ecuador para autoabastecerse de alimentos de alta calidad y a precios adecuados para consumidores y productores, e inclusive para exportar los excedentes.

Nuestro compromiso es con la Pacha Mama y el Sumak Kawsay o Buen Vivir. Esto implica generar políticas agrarias desde los territorios, superando los actuales patrones de desigualdad, marginación, explotación de la mano de obra y destrucción de la naturaleza.

Realizar una Reforma Agraria profunda es una decisión irrenunciable. Esta medida incluye un proceso de redistribución equitativa de las tierras y las aguas, el acceso y provisión de recursos técnicos y financieros, la comercialización justa a favor de los pequeños productores y el impulso de la agricultura familiar campesina.

Impulsaremos la aprobación de la Ley de Tierras y Territorios que promueva la propiedad comunitaria y asociativa, que sancione al latifundio y la concentración de la tierra y exija el cumplimiento de su función social y ambiental; redistribuya la tierra a los campesinos, priorizando a mujeres y jóvenes, y contribuya a reconstituir los territorios despojados.

Nuestra política de redistribución de tierras estará orientada a entregar tierra a los campesinos e indígenas que en el momento presente tienen poca tierra o ninguna. Esto implica priorizar a los campesinos en condiciones de minifundio, con acceso de una hectárea o menos, que suman aproximadamente 250.000 (doscientas cincuenta mil) unidades productivas, alrededor del 30% del total y evitar los privilegios de los grandes concentradores; recordemos que las unidades productivas de más de 640 hectáreas representan, con 640 unidades, alrededor del 0,001% del total.

La redistribución de la tierra en el Ecuador tiene que realizarse alterando el statu quo, pues no hay zonas baldías sin propietarios sobre las cuales el Estado pudiera intervenir. Es también importante considerar las particularidades de un país con una gran riqueza natural, en donde el campo es sustento de una diversidad social y étnica, alrededor de la cual se presenta la inequidad en el acceso a la tierra.

El impuesto a la tierra no puede ser un impuesto solo sobre el tamaño de la misma, sino que debe ser un impuesto que contemple tanto la variable tamaño, como la rentabilidad que genera y el destino de la producción; así, por ejemplo, no se gravará la tierra cuya producción esté orientada a satisfacer exclusivamente la soberanía alimentaria, siempre que sea inferior a unas cien hectáreas. Hoy en lo fundamental éste es un impuesto secundario, que no está articulado con una política de tierras.

Por eso, como complemento de la redistribución, proponemos crear mecanismos para un reagrupamiento parcelario en las zonas de minifundio, considerando los límites de cada zona o región. Así mismo se impulsarán las reformas jurídicas necesarias para terminar con el enmarañado sistema jurídico, complejo, engorroso, confuso y corrupto que favorece a la propiedad de la tierra en pocas manos. Esta transformación hará posible la entrega de títulos de propiedad de la tierra a campesinos y agricultores, así como al desarrollo de las tierras comunales que no serán susceptibles de redistribución.

Con los propósitos planteados, alentaremos con fuerza la aprobación de la Ley de Aguas para el Sumak Kawsay que considerará la garantía del derecho humano al agua, el respeto a la prelación de los usos de los recursos hídricos, y el establecimiento de un mínimo vita gratuito. Crearemos el Fondo del Agua para financiar todas las obras destinadas a reducir la contaminación, el riego, la protección de las cuencas hídricas. Agua. El agua es vida, no puede ser negocio, ni puede estar concentrada en pocas unidades productivas agrícolas.

Crearemos el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua para fortalecer la gestión comunitaria con la participación de comunidades y organizaciones: juntas de regantes y juntas de agua potable.

Conjuntamente con la aprobación de la ley construiremos amplios sistemas de riego: agua y tierra para los productores serán los puntales de una nueva política agropecuaria, que se enriquecerá con el acceso a otros factores de producción, como se señaló anteriormente. Como complemento del riego se organizará programas masivos de reforestación y de protección de las cuencas hidrográficas y de sus orígenes, como son los páramos.

Valoraremos y protegeremos nuestro patrimonio genético, pues a partir de él obtendremos los beneficios que la sociedad entera espera, tal como lo han hecho a lo largo de los tiempos los pueblos y nacionalidades. Para lograrlo se impedirá el ingreso de semillas y cultivos transgénicos para evitar la pérdida de diversidad genética en la agricultura, la contaminación de las variedades tradicionales y la aparición de súper plagas y súper malezas, así como la eliminación de insectos benéficos. Trabajaremos para liberar al país del control tecnológico de las grandes empresas transnacionales proveedoras de paquetes tecnológicos para la producción de transgénicos.

Será política de nuestro gobierno impedir la apropiación de los servicios ambientales, prevenir y controlar la contaminación y desprivatizar el agua y su distribución de acuerdo al mandato constitucional.

La economía popular y campesina, como parte básica de la economía social solidaria, requiere de una protección efectiva, creando incentivos y créditos estatales y eliminando todo tipo de trabas e impuestos que afecten a su desarrollo.

Se propiciarán reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autónomo Descentralizado (COOTAD), especialmente en los artículos que afectan a las economías populares y campesinas: habrá que eliminar todas aquellas imposiciones que encarecen desmesuradamente los costos de las condiciones de vida en las ciudades y en el campo, sobre todo a los grupos populares y de clase media.

Igualmente impulsaremos la reforma a los llamados ?impuestos verdes?, los que, no cumplen los objetivos ecológicos previstos, a más de que resultan regresivos.

Impulsaremos un programa de fomento agropecuario para cristalizar la soberanía alimentaria, garantizando el acceso a tecnología e industria rural: transformar antes que transportar, es la consigna. En concreto, para mencionar un par de casos, el país deberá transformarse en exportador de chocolates de calidad y no solo de cacao; igualmente tendremos que comenzar a aprovechar como materia prima otros productos como el banano. A nivel nacional se impulsará, por ejemplo, el procesamiento de la leche en lugares cercanos a las fincas.

Se creará un instituto nacional para fortalecer esta política y apoyar a los productos de exportación provenientes del agro: banano, cacao o café, por ejemplo. Tarea de este instituto será el estudio de los mercados internacionales, la organización de los productores medianos y pequeños, el desarrollo de usos productivos de dichos productos y sus desechos, la importación de insumos, la promoción de prácticas agroecológicas responsables con el ambiente, la asesoría tecnológica y jurídica a los productores, la defensa de los derechos de los trabajadores, etc. Impulsaremos la constitución de empresas mixtas de exportación de este tipo de productos.

Pondremos en marcha una política de precios de sustentación o garantía para los productos de ciclo corto, a más de mecanismos que aseguren las cosechas de los agricultores.

Combatiremos al monopolio de la comercialización de alimentos, fortaleciendo las empresas asociativas y comunitarias de acopio, procesamiento y comercialización.

La producción de las pequeñas y medianas unidades agrícolas privadas, así como de aquellas comunitarias, será fortalecida con organizaciones asociativas de los mismos productores tanto para comercializar, como para asegurarse asesoría tecnológica, equipos, insumos, créditos, riego, servicios complementarios. Terminaremos con las estructuras y empresas monopólicas que esclavizan a los campesinos y agricultores.

Garantizaremos los derechos de comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, incluyendo a los choferes, y daremos apoyo efectivo a su trabajo, a través de la seguridad social, sistemas adecuados de crédito, asesoría tecnológica, y otras.

El transporte comunitario será reconocido mediante una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.

Se priorizará un modelo de agricultura campesina y familiar que contemple la descentralización del aparato productivo, la producción de alimentos para consumo interno y el fomento de mercados que acerquen a productores y consumidores.

Se incentivarán las políticas públicas de crédito para el sector agropecuario y acuacultor a fin de garantizar una agricultura y acuacultura amigable con el medio ambiente, la biodiversidad y la preservación del ecosistema. Se darán plenas garantías para el uso, acceso y manejo de las tierras, así como también para la conservación y el intercambio libre de semillas.

El fomento de una agricultura orgánica y de formas de producción acordes con los principios y las prácticas propias desde la interculturalidad y plurinacionalidad será un pilar de nuestra política productiva.

Nuestro gobierno se apoyará en los movimientos rurales e indígenas para hacer realidad la reforma agraria, la redistribución de recursos hídricos, el control y fomento de la agroindustria, así como de los mercados y, por cierto, la reorientación del crédito público hacia los campesinos.

Una política exterior soberana en todos estos ámbitos constituirá uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno, particularmente en el ámbito comercial, respetando nuestra producción, biodiversidad y territorio. Estableceremos acuerdos comerciales legítimos y soberanos, contrarios a los llamados tratados de libre comercio.



Construcción de la soberanía financiera



Ante los fracasados intentos del actual gobierno por regular a la banca cuando el sistema financiero coloca ahora más créditos para el consumo que antes y gana más y no se ha conseguido repatriar los depósitos de la banca, nuestra política se orientará a generar mecanismos de redistribución de la riqueza, con una nueva regulación del sistema financiero. Con esta política queremos impedir que los intermediarios, sobre todo los bancos, gocen de una estructura de capital privilegiada, es decir, con un patrimonio pequeño -capital aportado por los accionistas-, manejan elevados niveles de recursos ajenos -depósitos de los ahorristas- o creados directamente por ellos. Es por esto que, para evitar cualquier conflicto de intereses y el uso de su poder de mercado en la economía, dados los elevados recursos económicos que manejan, se vigilará la prohibición de que la banca posea empresas ajenas a la actividad financiera.

Pero no solo hay que prohibir que la banca concentre riqueza fuera del sector financiero, sino también pondremos límites a que pocos bancos concentren directa o indirectamente la mayor cantidad de activos en el propio sector financiero; una situación que todavía se registra en la actualidad a pesar de las disposiciones constitucionales.

Hay que ajustar a la banca para que no gane tanto, es decir para que cumpla con su función de servicio público. Planteamos, por lo tanto, un impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca cuando éstas superen el 10% sobre el patrimonio neto. También tomaremos todos los arbitrios necesarios para que la banca canalice recursos al aparato productivo y no tanto al consumo, mucho del cual se transforma en importaciones. Por lo tanto, determinaremos un monto mínimo de inversiones que debe orientar la banca privada hacia la producción, especialmente del pequeño y mediano productor, abaratando los costos del crédito para estos sectores.

El BIESS pasará a funcionar como banca de primer piso, ofreciendo todo tipo de servicios bancarios, en particular a los afiliados del propio IESS. De esta manera se conseguirá presionar a que la banca privada reduzca significativamente sus tasas de interés.

Para completar la transformación daremos paso a un verdadero proceso de transparencia de la banca pública para no se repitan casos como el caso de Gastón Duzac en COFIEC. El Banco Nacional de Fomento será modernizado, racionalizado y fiscalizado de manera integral, orientando sus actividades al financiamiento de proyectos industriales y artesanales, particularmente en las urbes. Mientras que habrá que construir otro banco especializado y orientado al agro y al mundo rural; de esta manera, para mencionar un caso que reclama atención desde hace años, se podrá hacer realidad, a través de un fideicomiso, que cada caja de banano que sea entregada a los exportadores sea cancelada inmediatamente; así también se podrá financiar a los productores pequeños para que no sufran los embates de las épocas de sobreproducción. El BIESS entrará en el mercado financiero como banca de primer piso para actuar como regulador del mercado financiero, sobre todo presionando las tasas de interés a la baja.

Se fortalecerá a las organizaciones del sector financiero popular y solidario, que tienen a las cooperativas de ahorro y crédito como uno de sus principales pilares, así como a las cajas solidarias y de ahorro y los bancos comunales. Esto implica cambiar el estatus de dichas organizaciones para que tengan un tratamiento diferenciado a la banca privada y tengan el trato privilegiado que ordena la Constitución para este segmento del sistema financiero.



El manejo del crédito público será responsable. El endeudamiento externo será solo el indispensable y buscaremos tanto ahorro local como sea posible. La transparencia sobre deuda externa es un mandato constitucional que será respetado y aplicado por nuestro gobierno. Las negociaciones que involucren créditos internacionales serán de dominio público, impidiendo cualquier imposición extranjera por esta vía: publicaremos todos los contratos de deuda y apoyaremos todas las veedurías ciudadanas que sean demandadas por la sociedad. No permitiremos dependencias ni imposiciones que atenten a nuestra soberanía y libre determinación.

Alentaremos la constitución de un tribunal internacional para procesar los reclamos sobre la deuda soberana, e iniciaremos un nuevo proceso de auditoría que investigue las deudas contratadas por el actual gobierno y que concluya el proceso anterior que quedó trunco. Reclamaremos celeridad a la justicia para que investigue y sancione, de ser del caso, a quienes dilapidaron los recursos del país con una alegre política de endeudamiento externo en los años neoliberales.

Construcción de la soberanía energética

La energía es un derecho y como tal será asumida en nuestro gobierno. Se profundizará una política de soberanía energética que proteja nuestros recursos naturales e impulse el cambio de matriz energética. Se racionalizará la situación imperante para superar el extractivismo petrolero: Ecuador hoy extrae petróleo, con costos sociales y ambientales muy altos, y lo exporta, para luego importarlo en forma de derivados, que en su mayoría son quemados para generar electricidad.

Para lograr la modernización de la infraestructura de refinación, se impulsará la rehabilitación y repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas y se revisará la construcción de la Refinería del Pacífico, procurando, en caso de que convenga a los intereses nacionales su continuación, que no se provoquen graves afectaciones ambientales por el lugar equivocadamente elegido.

Nuestro gobierno impulsará políticas, programas y proyectos para que el país transite de una matriz basada en los combustibles fósiles como el petróleo hacia las energías renovables: hídrica, solar, geotermia, eólica, mareomotriz. Se incentivará sobre todo la construcción descentralizada de pequeñas y medianas centrales para la generación de electricidad. En este proceso, las comunidades serán convocadas a formar parte activa de los proyectos, pero siempre respetando la prelación constitucional en el uso del agua.

Promoveremos proyectos hidroeléctricos y multipropósito siempre y cuando no generen graves impactos sociales o ambientales. Todos los proyectos energéticos en marcha serán debidamente fiscalizados.

La transformación de la matriz energética en términos de soberanía social y económica es un imperativo nacional. Se aplicará un esquema de uso de la energía eficiente, reorientando el consumo en función de las disponibilidades energéticas de cada región del país, aprovechando las fuentes de energía renovable. Se regulará el suministro de electricidad a fin de propiciar su uso eficiente.

Nos opondremos a todo intento o acuerdo que busque establecer en el país plantas de energía atómica, importar desechos atómicos o explotar uranio porque atentan al ambiente, la paz y el desarrollo humano.

Construcción de la soberanía cultural y la soberanía tecnológica

El patrimonio cultural del país constituye un recurso invalorable que debe ser protegido. Las diferencias culturales de los pueblos y las nacionalidades, los afrodescendientes, montubios, mestizos y cholos, serán respetadas y reconocidas. Sus costumbres, idiomas, filosofía, conocimiento y prácticas ancestrales de cuidado de la tierra y de los territorios son parte integral de nuestro patrimonio que protegeremos, así como sus tradiciones y costumbres espirituales y religiosas, sus sitios arqueológicos e históricos, diseños, ceremonias, artes visuales, literatura y lengua.

Los pueblos y nacionalidades tienen derecho a vivir en libertad, en un ambiente sano en el que se cultiven y promuevan sus valores culturales. Garantizaremos las políticas públicas y las propuestas que les permitan revitalizar y procurar el proceso de transmisión de sus conocimientos a sus futuras generaciones.

Impulsaremos la apropiación de los avances y conocimientos científicos y tecnológicos del mundo, incluyendo y respetando nuestro tronco plurinacional constituido como parte de nuestra herencia histórica.



Objetivo específico 5.- Impulsar una política social digna y participativa en el campo de la socialización de la salud de la revolución educativa intercultural



Propuestas y estrategias:

Las políticas sociales serán reestructuradas íntegramente. Hay que acabar con el paternalismo y clientelismo. La base de su gestión serán los derechos, sobre todo el derecho a una vida digna. Su cristalización será promovida desde la vigencia de los principios fundamentales del Sumak Kwasay o Buen Vivir: la solidaridad y la reciprocidad, para construir otras bases de confianza mutua y prácticas de cooperación entre todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Desde esa perspectiva se rediseñarán y construirán nuevos esquemas, que tengan como norte el empoderamiento de la sociedad.

Hacia la socialización de la salud

Nuestro gobierno asumirá como obligación primordial el derecho a la salud de todos y todas. Impulsaremos un sistema socializado de medicina integral y preventiva por ser la única manera de superar las deficiencias del sistema actual, basado en la comercialización de la salud curativa. El nuevo sistema promoverá el autocuidado de la salud y los estilos saludables de vida, potenciará la autonomía de las personas en el manejo de los procesos de salud/enfermedad, revalorizará las medicinas ancestrales y alternativas. Desarrollaremos políticas y acciones a favor de la prevención de los efectos nocivos de alimentos y bebidas y cumpliremos con los acuerdos internacionales contra el tabaco y las drogas.

La soberanía alimentaria y la construcción de sistemas de suministro de agua potable y alcantarillado son pilares de dicha política de salud preventiva. Nuestra salud está determinada en gran medida por los alimentos que comemos y el agua que bebemos, así como por el aire que respiramos.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) será apoyado por nuestro gobierno, de modo que se refuercen sus servicios de salud. Para alcanzar este objetivo es fundamental cancelar la deuda que el Estado mantiene con el IESS, precisando el monto real de la deuda generada históricamente, lo que posibilitará el equipamiento, rehabilitación y dotación de medicinas suficientes en todas las provincias del país.

Se aprobará el régimen especial para la seguridad social ?-incluyendo atención médica, por cierto- del trabajador autónomo, del comerciante minorista, del chófer, del artesano, así como la jubilación de la mujer a los 25 años y el aseguramiento de las amas de casa. Aprobaremos el proyecto de Reforma a la Ley de Seguridad Social presentado por la Federación Única Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC).

La seguridad social será asumida con el carácter integral que le corresponde, fortaleciendo los servicios públicos vinculados y garantizando la dirección del IESS por parte de los afiliados, como sus auténticos dueños. Sus fondos de ninguna manera serán empleados como caja chica del gobierno.

Impulsaremos una verdadera descentralización y desconcentración que superen el agobiante centralismo del Ministerio de Salud Pública y la consecuente burocratización de la administración. Esos procesos estarán acompañados de la participación no institucionalizada de las organizaciones sociales y territoriales.

El Estado Plurinacional pondrá especial énfasis en los grupos de atención prioritaria: niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con capacidades especiales, personas con enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad y adultos mayores, generando las políticas públicas que les permitan cubrir sus necesidades. Nuestro compromiso es el fortalecimiento e incluso ampliación de los programas en pro de la equidad y protección de los derechos de las personas con capacidades especiales.

Desde la plurinacionalidad planteamos una verdadera interculturalidad en salud donde promotores, parteras y agentes tradicionales de salud sean un actor clave, en equidad de condiciones con la medicina convencional.

Proponemos un Pacto Nacional por la Salud que potencie la atención primaria de salud, fortalezca la capacidad de la población para intervenir más activamente en el manejo del proceso de salud/enfermedad, ubique a los usuarios como el principal actor del sistema de salud, para lo que tendremos que rescatar la capacidad de las organizaciones, los colectivos y personas de manejar su propio bienestar.

Facilitaremos un modelo de gestión de salud que no responda a las necesidades coyunturales del gobierno sino a parámetros estratégicos; por lo tanto, abriremos la puerta a debates cruciales desde la perspectiva de la salud pública y la justicia social como son los ya mencionados derechos sexuales y el uso de drogas.

Impulsaremos la formación de especialistas dentro del país fortaleciendo las universidades y el acceso de la juventud a la formación en medicina y otras especialidades afines, sin llegar al extremo de desmantelar y menos aún cerrar las facultades de medicina como lo hace el gobierno de Correa. No desperdiciaremos la valiosa experiencia de los médicos forzando su jubilación.

Alentaremos la producción nacional de fármacos y genéricos acordes con la demanda del Plan Nacional de Salud.

Para poder poner en marcha este Pacto Nacional por la Salud tendremos que incorporar a toda la sociedad, incluyendo a los gobiernos seccionales y por cierto a los profesionales de la salud sin tratarlos como una banda de mediocres, como lo hace el gobierno de Correa.

Hacia una revolución educativa intercultural y bilingüe

El Ecuador exige una revolución educativa y cultural, que construya una sociedad intercultural, que rescate las identidades de nuestras nacionalidades y pueblos, sus lenguas, conocimientos y saberes, y que promueva un diálogo permanente con la evolución mundial del conocimiento así como el derecho al arte y la diversidad cultural. La educación, ante todo, será emancipadora y liberadora en todos los aspectos de la vida individual y colectiva del ser humano.

Este esfuerzo debe estar en correspondencia con las necesidades objetivas y subjetivas de la transformación de la sociedad, para así garantizar el derecho de todos y todas a la educación en todos los niveles, a la autonomía y cogobierno universitarios y al acceso universal a las telecomunicaciones, a las tecnologías de la información y el conocimiento y a los descubrimientos científicos.

Para estos propósitos garantizaremos el derecho a una educación con calidad social que forme personas con capacidades intelectuales, habilidades y destrezas para contribuir a la construcción del Sumak Kawsay o Buen Vivir y al desarrollo del trabajo individual y social, reconociendo nuestra maravillosa heterogeneidad cultural. Planteamos una educación que cambie la cultura colonizadora dominante, refuerce valores humanos y promueva una conciencia crítica que contribuya a la transformación de la sociedad.

Nuestro gobierno cumplirá con el mandato constitucional de entregar el 6% del PIB ?sin considerar la educación superior- para la educación y dotará a los establecimientos públicos de todas las condiciones, recursos, capacitación al magisterio y apoyo técnico para que este objetivo se cumpla, en el marco de una reforma integral del sistema educativo.

Se eliminará toda clase de imposición autoritaria en el sistema educativo como aquellas que han llevado al marginamiento del magisterio, profesorado y estudiantado de los procesos de cambio en la educación; la eliminación del libre ingreso a las universidades; la imposición burocrática por encima de la vocación profesional de la juventud aspirante a la educación superior; y, la imposición de una jornada laboral de los docentes superior a las ocho horas pedagógicas.

Igualmente alentaremos el fortalecimiento de los sistemas de educación e investigación en todas las universidades públicas, excluyendo visiones tecnocráticas y autoritarias, impuestas desde lógicas extranjerizantes neocoloniales, ajenas al Sumak Kawsay y al Buen Vivir. En esa línea construiremos un proceso alternativo universitario, científico y tecnológico propio del Ecuador, e impediremos cualquier modelo o sistema basado en guetos de sabios, aislados de la realidad de la sociedad ecuatoriana, pues el conocimiento se construye como resultado de un proceso social y en nuestro caso, a partir de la enorme potencialidad de la diversidad cultural existente.

Impulsaremos, junto a las familias y la sociedad, la educación inicial de 0 a 5 años, potenciando las capacidades de niños y niñas sin distingo ni discriminación alguna.

Se pondrá en práctica una política educativa soberana, que responda a nuestra realidad y a los intereses de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país. Se reformarán las leyes y reglamentos educativos, eliminando toda forma de exclusión y segregación inspirada en la meritocracia utilitarista y dando paso a una educación donde los estudiantes tengan la misma oportunidad de acceder a una preparación suficiente para el ingreso a la Universidad instrumentando mecanismos de nivelación, organizados y financiados por el estado, que compensen los límites actuales de la educación secundaria.

La Ley Orgánica de Educación Superior será reformada según los planteamientos presentados por estudiantes, profesores y autoridades democráticas para la plena vigencia del derecho al libre ingreso a las universidades, la autonomía, la gratuidad responsable, la libertad de cátedra y el co-gobierno universitario, garantizando que los organismos rectores de la educación superior se conformen de acuerdo al mandato constitucional y se establezca la relación intergeneracional entre los profesores ricos en experiencia y los jóvenes que ingresan a ejercen la docencia.

Promoveremos la reforma a la Ley de Educación Intercultural garantizando el reconocimiento de los derechos laborales a todos los trabajadores del sistema educativo y los derechos educativos de pueblos y nacionalidades, dando paso a un sistema educativo de carácter integral.

Las becas de postgrado deben estar vinculadas al fortalecimiento de todo el sistema universitario y no a la conformación de universidades de élite, como es la pretensión del gobierno actual. Igualmente habrá que revisarlas en función de las demandas que devienen de la construcción del Sumak Kawsay o Buen Vivir.

Proponemos también que toda persona que egrese de la universidad haga su servicio comunitario profesional en los sectores más necesitados a lo largo y ancho del país, que permitirá sentará las bases para la interculturalidad y para la transformación de las caducas estructuras sociales imperantes.

La evaluación educativa será formativa y se evaluará todo el sistema, reconociendo la heterogeneidad cultural y educativa del país.

Igualmente será obligatorio el aprendizaje de una lengua ancestral, sin desmedro del estudio de otras lenguas importantes en el actual concierto global. La idea es que se sienten bases profundas para impulsar la interculturalidad como requisito para el Estado Plurinacional.

Complementariamente, el arte, en tanto manifestación cultural trascendente, cuanto complemento indispensable de la vida humana, será asumido, igual que la educación, como política de Estado, respetando su diversidad, protegiendo sus raíces ancestrales, garantizando y fomentando el funcionamiento de todas las instancias existentes: estatales, públicas no estatales, comunitarias, no gubernamentales y privadas.

Vivienda digna para todos, es nuestro compromiso

Garantizaremos el derecho a una vivienda digna y superaremos el déficit habitacional sin criterios clientelares.

Los programas de vivienda se realizarán integrando cada vez más a los propios beneficiarios, así como utilizando sistemas, planes y materiales ajustados a la realidad ecológica climática de cada región del país.

Objetivo específico 6.- Priorizar la política y la atención a las mujeres, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, la juventud y la niñez



Propuestas y estrategias:

Se fomentará la difusión y cumplimiento de los convenios internacionales que garantizan los derechos de las mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad.

El Estado cooperará con la acción emprendida por las mujeres para garantizar su participación y promover sus derechos políticos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos.

Profundizaremos la igualdad real entre mujeres y hombres, así como haremos realidad políticas en derechos relativas a la salud sexual y reproductiva. Por lo tanto garantizaremos el derecho a tomar decisiones libres y responsables sobre la vida sexual y reproductiva, incorporando los derechos sexuales y reproductivos como derechos de libertad garantizados en el artículo 66, numerales 9 y 10 de la Constitución de Montecristi. El deber del Estado, entonces, es asegurar a las mujeres su derecho y acceso a la salud tomando en cuenta sus necesidades específicas, para lo cual propiciaremos el debate sobre el aborto desde una perspectiva de derechos, de justicia social y por cierto de salud pública.

Se diseñarán acciones positivas para garantizar la igualdad real en todos los ámbitos. Impulsaremos una amplia participación ciudadana de las mujeres en la vida pública. Crearemos políticas sobre la corresponsabilidad familiar entre mujeres y hombres e impulsaremos la autonomía económica de las mujeres. Nuestro gobierno creará una institucionalidad de género paritaria responsable de las políticas públicas y la transversalización de género en la gestión pública, y promoverá la aplicación de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Estaremos, en todo momento, del lado de las mujeres víctimas de todo tipo de violencia, especialmente de la violencia sexual.

Desarrollaremos con mayor fuerza políticas de salud para la prevención de embarazos no deseados, con especial énfasis en adolescentes, así como para el empoderamiento de las personas sobre su vida sexual y reproductiva. Como complemento, incorporaremos acciones para hacer que la entrega de métodos anticonceptivos sea oportuna.

Se asegurará el acceso a la salud materna gratuita y el amparo laboral a las mujeres en tiempo de lactancia. Avanzaremos decididamente con la seguridad social para todas las amas de casa, tal como ordena la Constitución.

Los y las jóvenes tendrán asegurado sus derechos a vivir el futuro que sueñan, respetando sus formas organizativas y su vocación profesional, posibilitando su avance educativo y condiciones laborales justas y dignas. De especial interés será el desarrollo de políticas que promuevan los emprendimientos individuales y colectivos de la juventud, promoviendo, simultáneamente, respuestas asociativas para poder intervenir de mejor manera en los mercados.

Será una realidad el reconocimiento y la aplicación del pasaje preferencial para la tercera edad, estudiantes y personas con capacidades especiales. En este punto cabe rechazar aquellas disposiciones inconstitucionales que establecen hasta tres sanciones para la misma infracción de tránsito, como sucede con el exceso de velocidad en las calles y carreteras.

Nuestro gobierno reforzará las acciones de apoyo y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, garantizando la organización y el presupuesto necesario, institucionalizando los mecanismos generados por el Programa Manuela Espejo.

Objetivo específico 7.- Generar mecanismos para profundizar los derechos y la atención de los migrantes



Propuestas y estrategias:

Se establecerán políticas y programas para vencer el doloroso drama de la emigración masiva, asegurando el derecho de los ecuatorianos y ecuatorianas a vivir en el país. El gobierno propiciará la garantía de los derechos ciudadanos de nuestros compatriotas en el exterior a través de acciones concretas en el ámbito laboral, de seguridad, de repatriación en caso de muerte, etc.

El gobierno apoyará responsablemente a los migrantes ecuatorianos en el exterior, para combatir el fenómeno de las familias afectadas por la separación. Se tomarán las medidas necesarias para proteger a los conciudadanos que viven en otros países y que han sido afectados por la crisis internacional.

Consolidaremos y crearemos de ser del caso crearán Centros de Atención e Información para nuestros migrantes en el exterior, con el propósito de ayudarlos a enfrentar de mejor manera sus actuales condiciones de vida y su eventual retorno al país, ofreciéndoles garantías laborales en el Ecuador.

Objetivo específico 8.- Impulsar la economía social solidaria como dispone la Constitución



Propuestas y estrategias:



Nuestro objetivo es impulsar la producción, el empleo y la estabilidad laboral en el marco de una economía social y solidaria, tal como dispone la Constitución.

Reponteciaremos de manera urgente el aparato productivo del país, devastado por el neoliberalismo, superando las limitaciones de su sometimiento colonial extractivista que se ahondan cada vez más con la megaminería y la ampliación de la frontera petrolera.

Ejerceremos la soberanía sobre la economía con la desprimarización de su estructura productiva, el fomento y la inversión para la innovación científico-tecnológica, la inclusión social y la generación de empleo abundante y bien remunerado. La creación de una nueva matriz productiva, basada en el uso de energía no contaminante, limpia y barata, constituye una necesidad impostergable para nuestro gobierno.

Construiremos otro tipo de relaciones de producción, de intercambio, de cooperación y también de acumulación del capital y de distribución del ingreso y la riqueza, que estará sustentado en una economía de la solidaridad y la recipricidad.

Simultáneamente, esta economía solidaria será impulsada con políticas que garanticen su sustentabilidad. Es decir que asegurará desde el inicio y en todo momento procesos económicos respetuosos de los ciclos ecológicos, que puedan mantenerse en el tiempo, sin ayuda externa y sin que se produzca la escasez de los recursos existentes.

Para lograr este objetivo doble: solidaridad y sustentabilidad, será preciso transitar por sendas que permitan ir dejando atrás las lógicas de devastación social y ambiental dominantes en la actualidad. El mayor desafío de las transiciones se encuentra en superar aquellos patrones culturales asumidos por la mayoría de la población que apuntan hacia el consumismo, que lleva a una situación que no asegura necesariamente un creciente bienestar de los individuos y las colectividades. No solo hay que consumir mejor y con más racionalidad, sino que debemos obtener mejores resultados en términos de calidad de vida sin caer en el consumismo.

Proponemos construir otra lógica económica, que no radique en la ampliación permanente del consumo en función de la acumulación de capital. En consecuencia, esta propuesta económica, que deberá enfrentar poderosos intereses de todo tipo, tiene que consolidarse particularmente superando el consumismo e inclusive el productivismo sobre bases de creciente autodependencia comunitaria en todos los ámbitos.

La economía solidaria y sustentable que proponemos, permitirá entonces la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras en condiciones que aseguren relaciones cada vez más armoniosas de los seres humanos consigo mismo, de los seres humanos con sus congéneres y de los seres humanos con la Naturaleza.

Para oponernos a la injusta explotación de la fuerza de trabajo, impulsaremos renovados procesos de organización de la producción alternativos al capitalismo, causante de la destrucción del planeta por la vía de la depredación y la degradación ambientales. Los objetivos económicos, estarán subordinados a las leyes de funcionamiento de los sistemas naturales, teniendo en la mira el respeto a la dignidad humana y la mejoría de la calidad de vida de las personas, las familias y las comunidades.

Las transiciones, en tanto ruta al Sumak Kawsay, serán conducidas también desde dimensiones locales. Esta es una estrategia de organización de la política y de la economía que construiremos desde abajo y desde dentro, promoviendo el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados y de los espacios comunitarios. Gestaremos, desde lo local, espacios de poder real y de acción democrática en lo político, en lo económico y en lo cultural. Promoveremos nuevas formas de cooperación entre las diversas unidades productivas, las que se verán recompensadas por un balance común mucho más enriquecedor en varios sentidos, incluso por establecer comunidades de aprendizaje solidario.

Desarrollaremos una estrategia de país para intervenir en el mercado mundial. El fundamento básico será el desarrollo endógeno y autocentrado de las fuerzas productivas internas, incluyendo capacidades humanas y recursos productivos locales y el correspondiente control de la acumulación y centramiento de los patrones de consumo. Para esta transformación productiva, utilizaremos mecanismos que tiendan a sustituir selectivamente importaciones para dejar de ser un país eminentemente exportador de materias primas. En esta dirección, la política arancelaría jugará un papel preponderante para alentar la producción nacional de pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, como herramienta para un proceso de reindustrialización del Ecuador.

La redistribución de la riqueza y la renta está en la base de nuestra propuesta económica. Priorizaremos los impuestos progresivos que graven a la concentración de la propiedad y la riqueza. El IVA se reducirá al 10%.

Muchas son las acciones que instrumentaremos para conseguir la redistribución de la riqueza, a más de la reforma agraria y la redistribución del agua, la educación y la salud públicas, así como la política salarial y el centramiento de los tributos en impuestos directos reduciendo los indirectos. En la perspectiva de la redistribución, todos los ingresos superiores al del presidente de la República deberán comenzar a tributar de manera creciente y proporcional, cuando dupliquen el ingreso presidencial; la tributación de la renta aumentará proporcionalmente desde el 35% a un 50% cuando supere tres veces el ingreso presidencial. Igualmente habrá que establecer impuestos progresivos a las herencias que superen cincuenta veces el ingreso mensual del presidente de la República por persona beneficiaria; simultáneamente estableceremos un fondo para financiar nuevos emprendimientos para los y las jóvenes que escasos recursos económicos: más de la mitad de la juventud se encuentra en situación de pobreza.

La redistribución de la riqueza obliga a nuestro gobierno a socializar los medios de producción, especialmente en las grandes empresas, por ejemplo, a través de la ampliación de la base accionaria de las empresas privadas a favor de los trabajadores, con el correspondiente traspaso de las decisiones empresariales. Esto implica poner límite al monto de utilidades que los inversionistas iniciales puedan retirar; las sobrantes serían entregadas en forma de crédito a los trabajadores, para que adquieran acciones de la misma empresa y las vayan pagando con las mismas utilidades que genera la empresa gracias a su trabajo. De esta manera, los beneficios financieros pasan de fin a medio para lograr una efectiva contribución empresarial al bien común.

Un tratamiento especial se dará al grupo humano mayor de cuarenta años, que no accede a oportunidades de trabajo como resultado de erradas políticas modernizantes que priorizan la juventud tecnocrática frente a la experiencia acumulada. En este campo, se desarrollarán políticas que alienten tanto la generación de empleos dignos, como emprendimientos aprovechando las experiencias acumuladas por este segmento de la población y promoviendo vínculos intergeneracionales en el campo de la producción, el desarrollo de la ciencia, tecnología, las universidades y los servicios básicos de tal manera que se convine la experiencia de los trabajadores maduros y la vitalidad renovadora de la juventud.

Transformación del bono de desarrollo humano en un bono productivo

El bono de desarrollo humano será también una herramienta productiva. Servirá para promover a campesinos y pescadores, así como a pequeñas asociaciones de productores que constituyan un capital de base para generar ingresos, y cuyo destino esté ligado a procesos productivos comunitarios. Los beneficiarios del bono podrán proveerse en mercados populares articulados a la producción campesina, a la pesca artesanal y a los artesanos. De esta manera el Bono podría hasta duplicarse al impulsar que los beneficiarios demanden productos en dichos mercados o en tiendas vinculadas a la producción y al apoyo a la economía popular y solidaria. Así mismo, el bono podrá duplicarse si en una comunidad los beneficiarios se unen para impulsar un proyecto productivo.

En consecuencia, nuestro gobierno terminará el uso clientelar del bono y lo convertirá en una herramienta para potenciar la economía comunitaria, en el marco del Sumak Kawsay. Los resultados de esta propuesta y estrategia serán evidentes: fortaleceremos el aparato productivo campesino y pesquero artesanal, generaremos empleo e impulsaremos la configuración de núcleos de producción de bienes de consumo de masas, en el marco de una ampliación del mercado doméstico y autodependiente.

Esto se completará con un sistema de abastecimiento del desayuno y almuerzo escolar proveniente de la producción de los campesinos y los pescadores locales, sobre todo de los propios cantones: basta de seguir favoreciendo a los grupos monopólicos, como lo hace el actual gobierno.

Esta política, que deberá recaer en el ámbito de los gobiernos municipales y provinciales, con apoyo del gobierno central, provocará una dinamización de la economía local. La definición de la dieta alimenticia recaerá en los propios padres y madres de familia, que mejor conocen las oportunidades alimenticias de su localidad y no en los burócratas del gobierno central.

Con un presupuesto de más de 26 mil millones de dólares (año 2012) el financiamiento de estas propuestas solo requiere voluntad política: la pobreza se supera con producción y empleo, así como con redistribución de la riqueza !!!

Para alcanzar estos objetivos e implementar estos mecanismos, nuestro gobierno refuncionalizará íntegramente el sistema de compras públicas para favorecer a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, superando todas las mañoserías y trampas existentes.

Objetivo específico 9.- Combatir la corrupción de las esferas públicas y privadas la economía social solidaria como dispone la Constitución



Propuestas y estrategias:

Nos comprometemos como gobierno a dar una lucha sin cuartel a la corrupción, causante de la descomposición social. Esta acción requiere de acciones y políticas decididas e inclaudicables, para transparentar toda la acción gubernamental, fortaleciendo todas las instancias de veeduría ciudadana.

Impulsaremos auditorias de todos los contratos suscritos en estos últimos años, y posibilitaremos la fiscalización en todos los ámbitos, no solo el de la Asamblea Nacional.

Construiremos una sociedad ética basada en el poder ciudadano, en el ejercicio pleno del control social y en la independencia de los poderes del Estado fortaleciendo la institucionalidad democrática.

Nos comprometemos a sanear a la administración pública de las mafias y grupos de presión que operan en su interior, en todas las funciones del Estado, constituyéndose en otra de las tareas fundamentales para combatir la corrupción y su contracara, la impunidad.

Objetivo específico 10.- Impulsar la integración y unidad latinoamericana y la paz mundial



Propuestas y estrategias:

La unidad de la Patria Grande es el desafío actual de todos los países de América Latina, como lo ha sido desde la independencia y el nacimiento de las repúblicas. El pleno ejercicio de su soberanía, y el posicionamiento de nuestra nación de naciones en el mundo, está indisolublemente ligado a la integración, a la abolición de las fronteras que nos separan y a la formación de una comunidad de repúblicas democráticas latinoamericanas.

La descolonización y el pleno ejercicio a los derechos a la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, la solución pacífica de los conflictos, el mantenimiento de relaciones diplomáticas con todos los países en términos de equidad y reciprocidad será uno de los comportamientos fundamentales de nuestro gobierno. Rechazamos todo convenio internacional que lesione la soberanía irreductible de los pueblos del Ecuador, América Latina y el mundo.

Promoveremos una política internacional libre de ataduras y condiciones a las potencias y bloques que disputan la hegemonía del mundo. Detendremos cualquier proceso de subordinación a cualquier potencia global que atente a nuestra soberanía. Nuestro objetivo será establecer relaciones de cooperación más horizontales y diversas en función de los intereses generales del país.

Apoyaremos la soberanía latinoamericana participando en procesos renovadores serios y equilibrados de cambio de la institucionalidad del sistema interamericano, pero sin afectar situaciones en curso respecto a la defensa y garantía de los derechos humanos. Rechazaremos toda agresión a los pueblos latinoamericanos como sucede con el bloqueo a Cuba, y lucharemos contra todos los rezagos neocoloniales que se mantienen en la región.

La unidad latinoamericanista soberana, que fortalezca formas y mecanismos de integración como la UNASUR, el CELAC y el ALBA, será una línea de conducta internacional de nuestro gobierno. En este contexto contribuiremos al impulso de procesos de cambio político-jurídico en las relaciones internacionales y a la renovación y democratización de la Organización de Naciones Unidas (ONU), impulsando y garantizando la participación de la sociedad civil.

Respetaremos las decisiones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos los aspectos que tengan que ver con la vigencia de los derechos humanos individuales y colectivos. Adicionalmente apoyaremos todas las iniciativas para crear nuevos esquemas regionales de protección de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza; seremos los principales promotores en el mundo para el establecimiento de un sistema internacional que se encargue de sancionar los delitos ambientales.

Trabajaremos para que la integración regional garantice acuerdos productivos y comerciales que generen vínculos reales entre los países de la región, para viabilizar agendas comunes frente al resto del mundo y evitar así la competencia intrarregional. La región debe abordar conjuntamente desafíos globales como el cambio climático, el comercio de alimentos o el desarrollo industrial.

Nuestra propuesta de integración apunta a establecer relaciones equilibradas con todos los países y pueblos, no solo con aquellos que por su peso económico inciden fuertemente en el concierto mundial.

Objetivo específico 11.- Forjar el Sumak Kawsay



Propuestas y estrategias:

? Nuestro gran objetivo de gobierno es la construcción del Sumak Kawsay o Buen Vivir. Buscamos desterrar la explotación inmisericorde del talento y trabajo humanos, de la Naturaleza y la hipoteca de nuestra economía a los intereses transnacionales. Construir una sociedad sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la Naturaleza, es nuestra tarea. Esta perspectiva nos convoca a la unidad militante en la lucha por una revolución democrática participativa, a la formación de un Estado Plurinacional.

? El Sumak Kawsay es una nueva concepción de sistema de vida con base en las prácticas cotidianas y tradicionales de los pueblos y las nacionalidades. Es un modelo de organización económica, política y de bienestar, que se basa en los principios de reciprocidad, complementariedad, solidaridad y armonía del ser humano con la Pacha Mama para la reproducción de la vida.

? El Sumak Kawsay será instrumentado como un sistema integral de organización para el país, interrelacionando lo político, jurídico y natural. El país debe superar el actual modelo hegemónico de desarrollo, de acumulación y globalización, cuyas consecuencias han sido devastadoras para la naturaleza y el ser humano.

? El Sumak Kawsay se interrelacionará con el Estado plurinacional acogiendo los principios constitucionales de respecto a la naturaleza, las tierras y los territorios, y procurará una economía de inversión en lo social, agroproducción, comercio justo, incentivo y financiamiento a los micro productores y a la producción nacional. El trabajo y el salario justo constituyen la medida más acertada para evitar la pobreza y conseguir un crecimiento sustentable de la economía nacional.

? Estamos convencidos de que el cambio verdadero será obra de los movimientos sociales, de los pueblos y nacionalidades, de los trabajadores, artesanos y campesinos, de los pobladores urbanos, de los afroecuatorianos, montubios y mestizos; de hombres, mujeres, ecologistas, humanistas, estudiantes, maestros, profesores universitarios, de la intelectualidad patriótica, de la juventud, de los empresarios comprometidos con la sociedad y la nación, de los trabajadores autónomos, de los pescadores, de los empresarios patriotas, de las organizaciones y partidos políticos democráticos y de izquierda. Juntos constituimos una fuerza capaz de cambiar el Ecuador. Todos y todas seremos los protagonistas de la construcción de un gobierno auténticamente democrático y de un nuevo Ecuador, libre y soberano.

? Nuestro gobierno, entonces, garantizará y reconocerá la participación activa y todas las formas institucionales y sistemas propios de los pueblos que conforman el Estado Plurinacional, en armonía con los instrumentos internacionales que protegen y reconocen los derechos colectivos. El Estado adoptará las medidas eficaces para que los pueblos y nacionalidades, sin distinción alguna de condición social, raza, genero, ideología, culto religioso, tenga acceso a la educación en su propia cultura y en su propio idioma, así como también el Estado realizará las respectivas consultas a los grupos y sus representantes en los temas y propuestas que puedan afectarlos para obtener su consentimiento libre, previo e informado.

? Confiamos en los procesos de organización popular como inicio y destino de una democracia auténtica. Confiamos en nuestros propios procesos de organización para diseñar nuestros programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretende asumir el papel de iluminado. No creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitución de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrítica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones. Crearemos mecanismos y procesos para priorizar las decisiones colectivas.

? Tenemos la capacidad para hacerlo, y para soñar en un mundo de igualdad y libertad para todos y todas. Tenemos que comprender que este anhelo sólo será posible con la acción colectiva y unitaria. Es la hora de rescatar la herencia de los forjadores de nuestra historia y sus luchas. Los procesos de Independencia de Nuestra América nos invitan a asumir las tareas históricas pendientes y acumuladas, luchando por nuestra liberación.

4. Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas

Nuestro gobierno se compromete con la transparencia permanente de su gestión, la entrega de información requerida por la ciudadanía o sus asambleístas y la información permanente de su acción a través de los medios de comunicación. Los espacios públicos en los medios de comunicación serán usados con este fin, finalidades educativas y para temas de genuino interés público.

Además del informe anual en la Asamblea Nacional, que será presentado con sentido de responsabilidad, integralidad y honestidad, se organizarán asambleas populares y otros mecanismos que permitan a la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, los/as ministros/as y otros altos funcionarios y funcionarias, rendir cuentas de manera directa a sectores de la sociedad respecto a políticas sobre las que tengan interés. Los procesos y mecanismos de auditoría y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, serán respetados a plenitud.

Quito, 12 de noviembre de 2012


Website: http://


PURO REFORMISMO Y REVISIONISMO 
PUEBLO ROJO - 20.11.2012 22:58

La coordinadora plurinacional de las "izquierdas" es un proyecto revisionista y reformista, donde estàn desde hoxhistas, ex - cabezones, anarquistas, etnocentristas, y hasta la socialdemocracia de Acosta. Este seudo "programa" solo consiste en maquillar el capitalismo burocrático en el Ecuador, dejando intacta la actual estructura semi-feudal y semi-colonial.

Contra el programa de los grandes burgueses y terratenientes, contra el programa de la coordinadora revisionista levantamos el PROGRAMA DE LA REVOLUCIÒN DE NUEVA DEMOCRACIA, cuyos ejes son la lucha anti-imperialista y anti-feudal, preparando la futura Guerra Popular en el país.

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!
¡ABAJO EL REVISIONISMO Y REFORMISMO DE LA CPI!
¡CONTRA LA FARSA ELECTORAL, VOTA NULO!

Sito de web:http://
 
 
añadir comentarios
Título del comentario: (requerido)
su nombre: (requerido)
su email: (opcional)
su dirección web: (opcional)
idioma de su comentario: (opcional)
su comentario:  






(c) Centro de Medios Independientes de Ecuador. Todo el contenido puede ser reutilizado, difundido, publicado y propagado en la red a menos que el autor o la autora hayan explicativo otra cosa.