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CRIMINALIZACIÓN Y BUEN VIVIR: LA CRONOLOGIA

Mario Unda 13.12.2012 15:49
La cronología que se presenta a continuación recoge los hechos de criminalización de la protesta social, entendida como ha quedado señalado más arriba, en el período que va de enero de2010 a abril de 2012.
Ha sido realizada tomando como base el seguimiento de la conflictividad social que mantiene el Observatorio Social de América Latina (OSAL). Es necesario tomar en cuenta que no se trata de un recuento exhaustivo, por el mismo carácter de la fuente utilizada: los periódicos de mayor circulación nacional. Por una parte, como se sabe, los periódicos no son meros intermediarios de información, sino actores ellos mismos, de modo que hay que contar siempre con ese sesgo; no se puede evitar recurrir a ellos, pues son los que traen mayor volumen de noticias sobre conflictos, pero se ha procurado minimizar el riesgo recurriendo a otras fuentes (en este caso, la prensa oficial) y procesando la presentación de los hechos (es decir, buscando eludir en lo posible la transcripción textual de la noticia). Por otra parte, hay muchos sucesos, o momentos de un proceso, que no ?saltan? a la prensa; de este modo, la conflictividad real resulta subvalorada. De manera que la cronología tiene necesariamente un carácter aproximativo, pero indicativo 62.


Ramiro Rivera, dirigente estudiantil perseguido por este gobierno
Ramiro Rivera, dirigente estudiantil perseguido por este gobierno


Cronología mayo 2010-mayo 2012

2010 Mayo

Martes 4

Las principales organizaciones indígenas y campesinas realizan una manifestación en Quito y rodean el palacio legislativo, donde se inicia el segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos. Estudiantes del Colegio Mejía apoyan las acciones del movimiento indígena. Por su lado, el Presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, suspende el debate para neutralizar la presión de los grupos indígenas y decide desalojar a los manifestantes. ?A la fuerza no podemos debatir, ni tampoco sintiéndonos secuestrados?, dice Cordero. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Marlon Santi, ordena a las bases permanecer en vigilia en las afueras de la Asamblea. En el mismo contexto, miembros de las Juntas de Agua de Azuay, cierran las vías que unen a Cuenca con Loja y el Oro. La dirigente Inés Guartambel afirma que la protesta busca frenar la aprobación de la Ley de Aguas63. El gobernador de esa provincia ordena a la policía la habilitación del paso bloqueado; los campesinos se niegan a retirarse y la policía utiliza gases lacrimógenos para dispersar la manifestación. Esto desencadena enfrentamientos que dejan diez detenidos entre ellos el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), Carlos Pérez Guartambel, que es acusado de sabotaje y terrorismo.

Sábado 15
Durante su ?enlace ciudadano?, realizado en Sígsig (Provincia de Azuay), Correa arremete contra la dirigencia indígena: ?Lo que hacen no es resistencia. Es agresión. Debemos rechazar este tipo de manifestaciones anticonstitucionales. Como terrorismo y sabotaje se puede llamar a lo que hacen los indígenas?. Dice que los grupos que realizaron protestas durante la semana ?violaron la Constitución?, pues agredieron a la Policía y al pueblo64, y asegura que la dirigencia manipula y presiona a las bases:
?Tienen que amenazarlos con multas a ver si salen unos cuantos comuneros a cerrar vías. El pueblo indígena está con el gobierno. Lo que no lograron en las urnas quieren lograrlo con cierres de vías con piedras y palos?.

Junio
Miércoles 30
La CONAIE fue acusada en la fiscalía de Otavalo de atentar contra la seguridad interna del Estado, luego de la marcha realizada mientras se llevaba a cabo la cumbre de la ALBA. La denuncia habría sido presentada por un policía que asegura haber perdido las esposas de dotación durante la manifestación. El presidente de la CONAIE, Marlon Santi, afirma que ?pese a que la CONAIE ha hecho un proceso pacífico, se nos acusa de ser desestabilizadores de la patria, y de terrorismo y sabotaje. Muestra que es una persecución política del Gobierno?.

Julio
Lunes 5
El presidente de la Ecuarunari, la principal organización indígena de la sierra ecuatoriana, Delfín Tenesaca, declara en la Fiscalía de Otavalo su versión en el proceso de indagación previa que se le sigue por los supuestos delitos de sabotaje y terrorismo. En la declaración Tenesaca solicita a la Fiscal de Asuntos Indígenas de Otavalo, Dora Mosquera, ser juzgado por la justicia indígena. En ese sentido el presidente de la Federación de Pueblos Quichuas de las Sierra Norte (FICI), Marco Guatemal, dice que este es un derecho que cubre a todos los indígenas del país, por lo que ?los dirigentes de la CONAIE deberían ser procesados por las autoridades indígenas de Otavalo?. Además Guatemal manifiesta que esta indagación y la que se sigue por presuntos delitos de sabotaje, terrorismo y sustracción de una propiedad del Estado, en contra de él y otros dirigentes de Imbabura, son una represalia tras las movilizaciones realizadas el mes anterior en contra de la Ley de Aguas.
Sábado 10
En su enlace sabatino el presidente Rafael Correa denuncia que ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) son brazos ejecutores de centrales internacionales. Correa critica que las movilizaciones indígenas privan de los servicios públicos a los demás ciudadanos; en este sentido, cita el artículo 158 del Código Penal, insertado en la sección de los delitos de sabotaje y terrorismo, que castiga con 8 años de reclusión ?a quien destruya, deteriore, inutilice, interrumpa o paralice servicios públicos?. ?Le pasan plata a los indígenas y les hacen decir cosas que no tienen fundamento. Yo actuaré con la ley en la mano porque cada vez que haya estos actos tendrán un juicio?, enfatiza el primer mandatario. Por su lado el dirigente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, manifiesta que las ONG que colaboran con las comunidades indígenas no condicionan al movimiento para que adopte alguna posición política.

Martes 13
Los representantes del movimiento indígena se reúnen con el relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Philiph Alston. En el encuentro el presidente de la CONAIE presenta un informe verbal sobre los 65 dirigentes indígenas procesados por terrorismo. ?No podemos aplicar el derecho a la resistencia, creo que estamos en un estado dictatorial y de violación de derechos y un Estado que criminaliza la lucha social?, manifiesta Santi.

Sábado 24
Fue liberada en Esmeraldas la concejala Rosaura Bastidas, que había sido detenida por los incidentes registrados en La Concordia, y acusada de terrorismo contra funcionarios públicos. Bastidas interpuso el recurso de habeas corpus, que fue favorablemente atendido por un juez de Esmeraldas, considerando que se habían ?violado preceptos constitucionales?. El gobierno reacciona de inmediato por boca del presidente Correa y del ministro del Interior, Gustavo Jalkh, quien afirma que el Consejo de la Judicatura ?tiene que destituir y sancionar a esos jueces?.

Lunes 26
En entrevista con diario El Universo, Rosaura Bastidas, concejala de la Concordia, rechaza la acusación de terrorismo que se le hace, y da su versión: ?Cuando entraron los miembros de la guardia presidencial yo ingresé al recinto ferial en medio de la confusión, faltaban 20 minutos para las 8 de la noche. El Presidente, cuando habló, nos insultó al pueblo de La Concordia. Dijo que afuera había 40 matones, y afuera estaba el pueblo, maestros, amas de casa, estudiantes universitarios. Yo fui detenida antes de que lancen la bomba. Fui maltratada, golpeada y vejada. [?] El jefe de la Policía de La Concordia, Marcelo Vaca, aprovechándose de su condición de uniformado y de varón, me pegó algunas bofetadas y me dijo: ?Te voy a detener por terrorista?, y yo le contesté que no me podía detener porque no había ninguna boleta. Y al pedirle que me lea mis derechos, me pegó otra bofetada y ordenó que me metan a un patrullero. Yo forcejeé por mi libertad y en esa pelea los policías me quitaron la blusa, me quedé en prendas íntimas y así me metieron al patrullero delante de decenas de testigos. Pedí que me permitan hacer una llamada telefónica para avisar que estaba detenida, pero los policías me dijeron que yo no estaba detenida y que no tenía derecho a ninguna llamada?.

Septiembre
Jueves 2
En La Concordia, provincia de Esmeraldas, un grupo de personas realizan una marcha de apoyo al comunicador Juan Alcívar. La Fiscalía acusa al periodista de terrorismo, argumentando que Alcívar causó los incidentes del 19 de julio pasado en La Concordia y de detonó una bomba lacrimógena durante la concentración encabezada por el Primer Mandatario. En la movilización la concejala por el MPD, Rosaura Bastidas, dice que el periodista es acusado injustamente y que es una represalia del alcalde de La Concordia, Walter Ocampo. Por su lado el Alcalde, representante de Alianza País, rechaza la versión de Bastidas y afirma que se ?está victimizando a una persona que no tiene título de periodista, que ha tergiversado la verdad?.

Miércoles 8
El presidente de la Federación de Indígenas Shuar del Ecuador (FISCH), José Acacho, es acusado de haber cometido actos de terrorismo y sabotaje, por las transmisiones de radio Arutam, en septiembre de 2009, en contra de la Ley de Aguas. El juez primero de Morona Santiago, Hitler Beltrán, argumenta que Acacho promovió actos violentos y las manifestaciones indígenas, las cuales terminaron con la muerte del profesor Bosco Wisuma. Otros diez dirigentes Shuar también son imputados por el mismo delito. Por su lado José Acacho sostiene que el proceso es una persecución política y que se ha emitido por parte del fiscal un informe que trata solo de hacer entender que ?los seres humanos son los policías y tienen derecho y no así los indígenas? A los heridos policías los llevaban en ambulancias y a los Shuar, en camionetas?.
Jueves 9
La primera sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia niega los recursos de nulidad, apelación y sustitución de la prisión preventiva al representante de la FEUE, Marcelo Rivera, quién está detenido desde el 8 de diciembre del 2009, y al que se le imputan cargos de terrorismo e intento de asesinato, por los incidentes registrados en la Universidad Central. La Corte dice que la Fiscalía ha determinado que no hay sentido en los pedidos del dirigente estudiantil.

Lunes 13
El Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé (Esmeraldas), Cléber Samaniego, resuelve sustituir la orden de prisión que afronta el periodista Juan Alcívar, acusado de un supuesto acto de terrorismo ocurrido el 26 de julio. El Juez sustituye la orden de prisión, con la condición de que Alcívar se presente cada 15 días en su oficina. Por su lado el abogado defensor, Ramiro Román, dice que en este caso se violaron preceptos constitucionales.

Octubre
Domingo 17
Marcelo Rivera, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) se declara en huelga de hambre para exigir su libertad. Rivera se encuentra detenido en la cárcel 2 de Quito desde el 8 de diciembre de 2009 acusado de terrorismo por liderar una violenta incursión en el rectorado de la Universidad Central durante una sesión de Consejo Universitario que debatía la gratuidad de la enseñanza universitaria. ?Mi caso?, dice, ?es la demostración del autoritarismo gubernamental que soporta el Ecuador, y de manera particular las organizaciones populares y sus dirigentes?. Dice que en el país hay 152 personas que están siendo investigadas por terrorismo y sabotaje.

Jueves 21
Un grupo de estudiantes de la Universidad de Cuenca se declara en huelga de hambre en rechazo al juicio por terrorismo que se le sigue al presidente de la FEUE, Marcelo Rivera. Rivera había encabezado el año pasado un grupo de estudiantes que trató de interrumpir violentamente una sesión de Consejo Universitario, causando destrozos y agrediendo al rector.

Lunes 25
La jueza tercera de garantías penales, Gladys Terán, declara culpable de terrorismo a Marcelo Rivera, presidente de la FEUE.

Noviembre
Lunes 8
El ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) es sentenciado a tres años de prisión. La presidenta del Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, lo halla culpable por agresión terrorista. A Rivera se lo responsabiliza por los desmanes que se produjeron el 8 de diciembre de 2009 en la Universidad Central. Según el acta de sentencia Rivera también deberá pagar 298.665 dólares por los daños y perjuicios en la infraestructura de la Universidad Central. El abogado del dirigente universitario, Ramiro Román, presenta ante el Tribunal un recurso de ampliación y aclaración. Román sostiene que la sentencia es un intento del gobierno para establecer un precedente jurídico en caso de terrorismo y así poder juzgar otros procesos como el que se sigue en contra de los implicados en la sublevación del 30 de septiembre pasado. ?Se ha tomado un recurso de la dictadura para sancionar a los subversivos y mi cliente no lo es?, enfatiza.

Jueves 18
La defensa de Marcela Rivera, presidente de la FEUE apela a la sentencia que por terrorismo le impuso el Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Rivera había encabezado meses atrás un intento de toma violenta del local donde se reunía el Consejo Universitario de la Universidad Central. Tanto el abogado defensor, Ramiro Román, como los abogados Pedro Saavedra y Ramiro Aguilar consideran que la sentencia permitirá criminalizar la lucha social. La figura legal de terrorismo se tipificó en 1974, durante el gobierno militar de Rodríguez Lara, cuando en América Latina predominaban las dictaduras y la ley de seguridad nacional. Pero, dice Aguilar, ni siquiera los miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC), fueron procesados por terrorismo, sino por delitos comunes. Saavedra dice que es extraño que el régimen y la jueza utilicen la tipología de terrorismo, cuando el gobierno se ha negado a dar ese calificativo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por su parte, las autoridades de la Universidad Central también apelan a la sentencia, e insisten en que la pena se amplíe a 25 años de prisión.
En Unión Base (Puyo, provincia de Pastaza) se reúne la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para discutir su posición frente al gobierno ante acercamientos realizados por la Secretaría de Pueblos. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, dice que la organización pone tres condiciones para un diálogo: que se revisen los decretos que anulan la autonomía de instituciones indígenas del estado, como la educación bilingüe, el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), Salud Indígena, y otros; que se revisen las leyes de minería, hidrocarburos y soberanía alimentaria; y que se suspendan 72 demandas y juicios por terrorismo contra dirigentes indígenas.?Lo que pretende el Gobierno, a través de sus dádivas que ofrece a las bases?, dice, ?es dividir al movimiento indígena?. Por su parte, Luis Contento, vicepresidente de Ecuarunari (Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuador Kichwa Llaktakunapak Jatun Tantanakuy, antes Ecuador Runakunapak Rikcharimuy), dice que la organización indígena no debe aceptar el diálogo con el gobierno, sino impulsar la construcción de un estado plurinacional en tres ejes: pluriculturalidad, derechos colectivos y defensa de los recursos naturales. El gobierno, dice, ?no entiende la propuesta indígena de defensa del sumak kawsay?. ?Si el Gobierno quiere dialogar?, añade Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari, ?hay muchas cosas que tratar primero y subsanar las heridas que ha causado a las organizaciones indígenas, eso no es tan fácil de olvidar?.

2011
Enero
Viernes 28
Se realiza en Quito la audiencia preliminar del juicio que se le sigue al dirigente de la Federación Shuar, José Acacho, a quien el gobierno acusa por homicidio, sabotaje y terrorismo. El juez, Villamagua Ortega, no encuentra méritos para dictar la orden de prisión solicitada por la fiscalía. Sin embargo, el juicio continúa, y Acacho deberá hacer frente a las acusaciones de terrorismo y sabotaje.

Febrero
Martes 1
En Macas-Morona Santiago la Policía detiene al ex presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, quien esta enjuiciado por supuesto sabotaje y terrorismo organizado. La acusación se inicia por liderar la protesta de septiembre del 2009 contra la Ley de Aguas y la explotación minera, en la cual muere el maestro indígena, Bosco Wisuma. Además son detenidos el presidente de la Asociación de Juntas Parroquiales de Morona Santiago, Pedro Mashian, y el principal acusado de homicidio del profesor Wisuma, Fidel Kaniras. El presidente de la Federación Shuar, Francisco Shiki, declara a las tres personas como ?desaparecidas en manos del Estado?. El abogado de Acacho, Julio Sarango, manifiesta que la policía que detiene al dirigente indígena no presenta ninguna boleta de captura, por lo que eso constituye un ?secuestro?. De su lado el Ministerio del Interior informa que ?los uniformados proceden a la detención con respaldo de los oficios nro. 13-PCPJMS, de fecha 1 de febrero del 2011, firmada por el juez Ángel Villamagua?. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) dice que la detención de Acacho es una represalia del gobierno, porque ?no ha podido callarnos? y hace un llamado a las comunidades y pueblos indígenas que se movilicen para exigir la liberación. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) condena la captura. ?Esta detención se enmarca dentro del proceso de criminalización que se sigue contra dirigentes indígenas acusados de sabotaje y terrorismo, ello pese a que durante el proceso judicial aún no se ha podido probar nada en contra de Acacho?. El organismo hace referencia a los cerca de 70 juicios por supuesto terrorismo y sabotaje abierto contra indígenas.

Jueves 3
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y sus regionales de la Costa, Sierra y Amazonía anuncian el inicio de movilizaciones pacíficas en el país. Esto como rechazo a la detención de los dirigentes shuar Pepe Acacho, Pedro Mashian y Fidel Kaniras. El movimiento indígena considera que la captura corresponde a una persecución política del Gobierno. La CONAIE también anuncia acciones legales. A través de Pachakutik, presentará el lunes un pedido de amnistía para los detenidos y para otros 189 dirigentes procesados por el delito de sabotaje y terrorismo. Además la CONAIE resuelve presentar una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado y del presidente Correa con el argumento de que el Gobierno ha violado los derechos indígenas.

Domingo 6
En Ambato se posesiona el nuevo Consejo de Gobierno del Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT). Al acto asisten la asambleísta por Pachakutik, Lourdes Tibán, el presidente de la CONAIE, Marlon Santi y delegados de los pueblos y nacionalidades de la Sierra y Amazonía. Mediante comunicado la CONAIE informa el inicio de movilizaciones y se manifiesta que las nacionalidades y pueblos indígenas viven ?la persecución y criminalización con falsas acusaciones de fiscales, jueces, policías y militares?. En el mismo contexto, mediante comunicado, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, menciona que la actuación de la justicia en este caso tiene fallas. El delegado de la Defensoría, Franco Lituma, dice que la medida cautelar dispuesta por el juez primero de Garantías Penales de Morona, vulnera lo establecido por el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 169. Además, Lituma afirma que se ha llamado a juicio por terrorismo organizado, delito distinto al de homicidio a Bosco Wisuma, que era el que se perseguía en primera instancia. También aduce que el traslado de los detenidos es un abuso de la fuerza pública.

Viernes 11
Se realiza la audiencia sobre el pedido de amnistía de las siete autoridades y dirigentes del cantón Nabón, provincia del Azuay, sentenciados a ocho años de prisión, acusados de terrorismo y sabotaje por destruir un campamento minero en el sector de Zhingata, Parroquia Cochapata. El hecho ocurre el 23 de marzo de 2008, día en que un grupo de indígenas se toma un campamento de una empresa que supuestamente pretende explotar materiales dentro de una reserva natural de 57.000 hectáreas. En la denuncia se acusa a Vinicio Jaya (concejal), Plutarco Patino y Manuel Capelo (ex concejales), Ángeles Quezada (Junta Parroquial de Cochapata), Celso Patino (teniente polític o) y a los hermanos Luis y Segundo Olmedo. La sentencia es emitida el 3 de enero por la Corte Nacional de Justicia.

Marzo
Jueves 3
Los dirigentes del movimiento indígena Marlon Santi (CONAIE) y Delfín Tenesaca (ECUARUNARI), acusados de sabotaje y terrorismo por los incidentes del 21 de junio de 2010 en Otavalo, mientras se realizaba la X Cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), rechazan las imputaciones ante la fiscal de esa jurisdicción, Dora Mosquera. Los dirigentes argumentan que llegaron a Otavalo para participar en las celebraciones del Inti Raymi.

Mayo
Jueves 19
El vicepresidente de la CONAIE, Pepe Acacho, entabla una demanda por daño moral contra el presidente Rafael Correa: ?Queremos una reparación económica por habernos hecho tanto daño y por habernos exhibido ante la sociedad nacional e internacional como personas peligrosas que hemos destruido, causado daño que hemos matado, mostrándonos como delincuentes peligrosos cuando nosotros no fuimos responsables?. Acacho y otros dirigentes fueron detenidos y acusados de terrorismo, sabotaje y homicidio.

Junio
Viernes 24
En Cuenca, finaliza el ?Encuentro Continental de los Pueblos de la AbyaYala por el Agua y la Pachamama?. Durante el mismo se conformó un tribunal ético para realizar recomendaciones a los poderes del Estado, entre otras, corregir las declaraciones del presidente Correa que menosprecia a los defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, y derogar los artículos del código penal que se utilizan para acusar de terrorismo y sabotaje a dirigentes sociales y manifestantes. Participaron delegados de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia, Guatemala, México y Canadá. El expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, presente al encuentro, afirma que ?es falso decir que existe minería responsable, que no afecta a la naturaleza?, y agrega que ?el presidente de la República debería preguntar en una consulta si queremos una minería metálica a gran escala, a cielo abierto; esos son los temas de fondo que se hubieran debido preguntar en la consulta, no cosas intrascendentes como gallos y toros?.
Julio
Jueves 1
A través de un comunicado, la CONAIE rechaza la actitud de la Fiscalía, que ha iniciado de oficio indagaciones previas y juicios a dirigentes indígenas de Azuay y Morona Santiago por participar en cuatro movilizaciones de protesta contra la minería, y de Imbabura por encabezar una movilización que pretendió entrar a la fuerza a un coliseo de Otavalo para entregar un documento a Evo Morales, que allí se hallaba reunido con Correa y Chávez.
Agosto
Martes 9
Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, explica que la organización indígena junto a otras organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, mujeres, barriales, preparan una movilización conjunta. Esta es una de las resoluciones adoptadas durante el I Encuentro de los Movimientos Sociales por la Democracia y la Vida, que se realiza en Quito. Alrededor de 350 personas acuerdan rearmar un frente de oposición al Gobierno. Uno de los temas que agrupa a estos sectores es la criminalización de la protesta, pues según estimaciones de las organizaciones, existen 199 personas con procesos penales acusados de sabotaje de servicios públicos, destrucción de edificios, terrorismo organizado, atentado contra la propiedad privada y asociación ilícita.

Martes 23
Magali Orellana, asambleísta de Pachakutik por la provincia de Orellana, denuncia que el gobierno presiona a la justicia para ?retomar la persecución? a Guadalupe Llori, prefecta de la provincia. Llori fue acusada de terrorismo y sabotaje en 2007 luego de las protestas de la población de Dayuma que reclamaba la desatención del Estado. Al ser absuelta, el gobierno la denuncia por presunto peculado en la adquisición de semillas. Un fiscal suplente anula el proceso y vincula nuevamente a Llori. La denuncia dice que en ningún momento se respetó el debido proceso y que no existe informe de Contraloría que señale indicios de responsabilidad de la prefecta.
La acusación de sabotaje y terrorismo ha sido una de las herramientas utilizadas por el Régimen para aplacar la protesta social en el país. Según un informe del Centro de Derechos Económicos y Sociales, durante este Gobierno, 189 indígenas han sido acusados por este delito. No obstante, la aplicación de esta no se ha dado solamente contra líderes comunitarios quienes encabezaron las protestas en rechazo a la Ley de Minería y de la Ley de Aguas. Ahora, el grupo de 13 ciudadanos que irrumpió en el edificio de los medios públicos el 30 de septiembre del 2010, también fue acusado por la Fiscalía de sabotaje y terrorismo. Elsie Monje, presidenta de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (CEDHU), dice que el objetivo de esa criminalización de la protesta ciudadana es ?infundir miedo para impedir que la gente común se manifieste?. El jurista Santiago Guarderas va más allá y dice que el Régimen está utilizando el sistema judicial como elemento de represión contra la protesta ciudadana.

Octubre
Martes 25
Marco Guatemal, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta-FICI, o FICI) fue detenido en Ibarra cuando visitaba la gobernación para gestionar un espacio donde puedan realizarse normalmente ferias agroecológicas. Guatemal fue acusado de actos de terrorismo y sabotaje cuando en 2009 participó en una manifestación de protesta en las afueras del coliseo de Otavalo, donde se realizaba un acto oficial en el que participaban los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y de Bolivia, Evo Morales.?Los líderes sociales somos perseguidos por la justicia y ahora vemos como se manejan con tanta agilidad algunas cosas. Hacemos un llamado a la población indígena de Imbabura a movilizarnos por esto que no es un tema personal, sino de todo el pueblo?, dice Guatemal.

Lunes 31
Continúan las vigilias y marchas indígenas en Ibarra para exigir la liberación de Marco Guatemal, acusado de terrorismo y sabotaje. En la comunidad de Caluquí (Otavalo, Imbabura) se reúnen dirigentes de la CONAIE, del ECUARUNARI y de la FICI para resolver las medidas que implementarán.

Noviembre
Domingo 13
En entrevista al diario El Comercio, el dirigente de la FICI, Marco Guatemal, liberado de cargos por supuestos actos de sabotaje y terrorismo, anuncia que pensaba retirarse de la política, pero con su detención y posterior liberación, dice que seguirá luchando por los derechos colectivos de los indígenas. La Fiscalía no pudo sostener la denuncia puesta en su contra por el ex gobernador de Imbabura, acusándole de sabotaje y terrorismo. ?Jamás hemos usado armas, no atentamos contra el Estado. Hemos hecho movilizaciones de lucha pacífica y de demanda por el respeto de los derechos de los pueblos?, declara el dirigente.

Diciembre
Sábado 10
En la Plaza del Teatro, en Quito, como parte de un acto en conmemoración de los 63 años de la Declaración de los Derechos Humanos, grupos sociales denuncian la represión a la protesta social. En la actividad se exhibe un cartel con la consigna ?No a la criminalización de la protesta social?. Además el cartel resalta los nombres de 180 campesinos e indígenas procesados bajo la acusación de supuestos actos de terrorismo. ?Estos procesos se dan desde el 2008, por defender a sus comunidades y al medio ambiente de la explotación minera y petrolera?, dice el representante del Centro de Derechos Económicos y Sociales, Francisco Hurtado. Campesinos procesados por terrorismo ocuparon la tarima para relatar sus casos. Pero poco tiempo después de empezar los testimonios, el sistema de amplificación fue desconectado. La Fundación Nacional Sucre afirma que la plaza es para impulsar la cultura y no para realizar actos de corte político.

Jueves 15
El exsubsecretario del Ministerio del Interior y exconsultor de la Secretaría Nacional de Transparencia, Ramiro Rivadeneira, es posesionado como Defensor del Pueblo en la Asamblea Nacional. En su intervención Rivadeneira manifiesta su deseo de modificar el código penal. ?En el Ecuador no se practica el terrorismo. Lamento mucho que en la normativa actual se incluya una norma sin sentido que tiene que ver con la protesta social en un capítulo de terrorismo. Sin embargo no podemos ser conductuales en la violencia de la protesta social?, enfatiza.

Domingo 18
Un estudio de la Defensoría del Pueblo revela que el gobierno utiliza de modo sistemático la figura de terrorismo y sabotaje para criminalizar las movilizaciones de comunidades, pueblos y movimientos sociales. Entre 2007 y 2008 se detectaron 42 casos de personas acusadas de estos delitos, que recibieron la amnistía por parte de la Asamblea Constituyente. Entre 2008 y 2010 se registraron otros 21 casos, cuyos casos continuaban abiertos. Se añade que Correa utiliza sus enlaces radiales, cadenas y actos públicos para deslegitimar las luchas sociales.

2012
Enero
Jueves 5
En entrevista al diario El Universo, el secretario del Movimiento Alianza País, Galo Mora, manifiesta que ?se habla con facilidad de la criminalización de la protesta social, pero hay que ser claros, mucha dirigencia política perdió el destino y se acostumbró a luchar contra los representantes del Estado, sean quienes sean sin reconocer los avances de esta revolución. Aquí no se trata de criminalizar la protesta sino de no boicotear al Estado ni sabotear la revolución?. Así mismo acusa a ciertos dirigentes indígenas de la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) de estar arropados tras los intereses de organizaciones no gubernamentales extranjeras que son ?claramente antirrevolucionarias?, como la Hans Seidel.

Martes 10
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Humberto Cholango, rechaza el operativo policial por el cual ?unos 15 o 20 policías ingresan a las instalaciones donde se reunía el Consejo de la organización, para tratar las acciones que emprenderán por las leyes de Aguas, Tierra y Comunas?. El líder indígena señala que ?con el pretexto de que en su sede había una bomba llegaron los policías en un sorpresivo e inexplicable operativo?.

Lunes 16
El presidente Correa, a través del Decreto Ejecutivo 619, declara área reservada de seguridad 3.000 hectáreas de terrenos donde se tiene previsto construir la nueva Refinería del Pacífico.

Martes 24
Unos 70 extrabajadores de Petroecuador, despedidos en 2010 por ser accionistas de Gaspetsa, una empresa que realizaba servicios para Petroecuador, realizan una manifestación frente a la Corte de Justicia de Esmeraldas para exigir justicia. Ellos son parte de un grupo que emprendió un reclamo legal contra la empresa, obteniendo fallo favorable en primera instancia. La mayoría de los 600 trabajadores que fueron despedidos entonces llegaron a un acuerdo para ser recontratados, pero renunciando a realizar reclamos legales y a percibir los sueldos no cobrados.

Febrero
Sábado 18
En su enlace semanal, el presidente Correa anuncia que el gobierno prepara contramarchas para enfrentar la marcha indígena que se iniciará en el cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Según Correa, la marcha indígena busca desestabilizar a su gobierno. ?No se preocupen, nos encontrarán bien parados, más firmes que nunca. El 8 de marzo hemos convocado por el Día de la Mujer, pero en defensa de la democracia, un encuentro multitudinario en la Plaza de la Independencia [frente al palacio de gobierno]?, dice, y llama a sus partidarios ?A estar movilizados, preparados, de aquí hasta el 22, 23 de marzo, para que nos encuentren más firmes que nunca, defendiendo nuestra democracia, defendiendo la revolución ciudadana?.

Jueves 23
La CONAIE anuncia que, junto a por lo menos otras 19 organizaciones sociales de trabajadores, ecologistas y campesinas realizará en próximo 8 de marzo la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos. El dirigente del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, dice que las contramarchas anunciadas por Correa pretenden intimidar a la población: ?El pueblo tiene temor de salir a las calles a reclamar, porque el Gobierno inicia juicios o acusa de terrorismo a quienes protestan?.

Sábado 25
El tribunal primero de garantías penales de Pichincha condena al ex presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) a un año de prisión por agresión al exdiputado del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN), Oswaldo Flores. Los hechos se produjeron el 8 de marzo de 2007, durante manifestaciones estudiantiles en contra de los diputados que se oponían a la consulta popular que impulsaba el presidente Correa para convocar a una Asamblea Constituyente. Pero poco después se produciría el distanciamiento entre Correa y el Movimiento Popular Democrático, que por entonces controlaba la presidencia de la FEUE. Rivera se encuentra cumpliendo una pena de tres años de cárcel por ?agresión terrorista? contra el rector de la Universidad Central. Hace poco tiempo, la Comisión Técnica para la Reducción de Penas, organismo del ministerio de Justicia le negó la posibilidad de acogerse a una reducción del 50% de la pena, a pesar del informe favorable del director de la cárcel de Sucumbíos, donde se encuentra recluido.

Marzo
Sábado 3
El Presidente de la República, en su enlace de los sábados, advierte que la marcha convocada por las organizaciones sociales para el ocho de marzo tiene como objetivo desestabilizar al Gobierno. Por eso hace un llamado a los militantes de Alianza País a sumarse a la ?contramarcha? ese mismo día en la Plaza de la Independencia en Quito. Agrega que ?varios dirigentes indígenas están convocando con mentiras a los pobladores?. Pide a los indígenas que no se dejen ?utilizar? por la extrema izquierda de Pachakutik y el MPD, quienes unidos a la oposición de derecha quieren ?desestabilizar? su gobierno.
Dirigentes indígenas cuestionan lo que llaman el modelo extractivista del Gobierno, mientras
que en el campo se esperan obras para mejorar la distribución del agua para riego y garantizar la seguridad alimentaria en manos de los campesinos. Por otro el presidente de la Conaie, Humberto Cholango, en entrevista al diario El Universo, manifiesta que ?es una irresponsabilidad del Gobierno que se organicen contramarchas? y advierte que no caerán en provocaciones, pues ?nuestra marcha es pacífica y legítima en un país democrático?. Los principales temas que motivan a los indígenas a salir a las calles es: La Ley de Aguas, la Ley de Tierras, los enjuiciamientos a dirigentes sociales, defender la libertad de expresión como derecho de los ecuatorianos, defender a los trabajadores, a los estudiantes, a todos los que se han visto afectados por este Gobierno, señala el dirigente.

Domingo 4
Los organizadores de la marcha indígena popular del 8 de marzo se reúnen en Zamora para dar los últimos detalles de su organización. Desde la provincia amazónica de Zamora (zona minera), arrancará la movilización el 8 de marzo y culminará el 22 en Quito. El prefecto de Zamora, Salvador Quishpe (Pachakutik), quien estará al frente de la marcha, explica que el objetivo principal de la misma será exigir rectificaciones al Gobierno en materia ambiental, minera y de libertades. Otro de los organizadores manifiesta que ?la marcha será pacífica y no buscamos desestabilizar al Régi men?. En el resto de provincias por dónde pasará la movilización, los dirigentes locales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), afinan los preparativos, el presidente del Movimiento Indígena de Tungurahua, Manuel Ainaguano, dice que se realizan visitas a las comunidades indígenas para socializar la propuesta. Por otro lado, el Gobierno busca deslegitimar esta movilización, y anuncia la realización de una concentración paralela para el 8 de marzo en Quito. Betty Tola (ex vicepresidenta de Pachakutik) Ministra Coordinadora de la Política, descalifica a los protagonistas de la marcha y advierte que hay una motivación de corte proselitista en la misma. ?El Movimiento Popular Democrático y sectores de derecha están buscando protagonismo que les permita tener una mejor posición en el proceso electoral? dijo.
La Policía detiene a once miembros del MPD por atentar contra la seguridad. La detención se realizó en un operativo realizado el sábado en la noche en un departamento ubicado al sur de Quito. Según boletín de prensa de la Policía Nacional, los detenidos en el operativo llamado ?Sol Rojo?, son líderes provinciales de la célula insurgente Grupo de Combatientes Populares (GCP) y que al momento del operativo mantenían una reunión clandestina. El director nacional del MPD, Luis Villacís, manifiesta que los detenidos son militantes y simpatizantes del MPD y que se los pretende acusar de supuesto terrorismo y sabotaje. Afirma que todo ?es parte de la estrategia del Gobierno para debilitar la movilización del 8 de marzo. Explica el dirigente que la reunión del sábado interrumpida por la policía era de coordinación de la marcha. Mientras tanto los detenidos niegan las acusaciones hechas en su contra y siguen en la Unidad de Vigilancia de Carapungo hasta ser investigados.

Lunes 5
La era de la minería a gran escala en el Ecuador se inicia con 8 mujeres detenidas. El primer contrato minero a cielo abierto se firma en la Presidencia, entre el Régimen y la empresa china Ecuacorriente en el proyecto Mirador ubicado en la provincia de Zamora. El contrato permitirá a Ecuacorriente explorar, extraer y exportar minerales (cobre, oro) durante los próximos 25 años. El país tiene reservas por USD 185.400 millones. La firma del contrato se vio empañada por la detención de ocho mujeres ambientalistas en la Embajada de China de Quito. En medio de enfrentamientos, 60 policías arrestaron y trasladaron a las manifestantes hacia la Policía Judicial. Alexandra Almeida representante de Ecologistas en Acción manifiesta que las mujeres ingresaron con la autorización de la Embajada y era parte de una protesta pacífica contra la actividad minera de Ecuacorriente. Las activistas fueron liberadas en la noche por no haber ninguna denuncia en su contra.
La Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) que agrupa alrededor de 200 comunidades participará en las movilizaciones convocadas por la Conaie. Sus dirigentes anuncian que participarán tanto en las concentraciones del 8 y del 22 de marzo. Por otro lado, el Gobierno anuncia que existen confirmadas 70 organizaciones para la movilización que anuncian para el 8 de marzo, a través de la Ministra Coordinadora de la Política, advierte que nada tiene que ver en la realización de esta marcha, y agradecen el respaldo de las organizaciones, ante las supuestas intenciones desestabilizadoras que vienen tanto de sectores de la izquierda como de la derecha. El Movimiento Popular Democrático (MPD), denuncia un supuesto plan del Gobierno donde se detallan las actividades de las ?contramarchas?, hicieron público un documento donde se detalla el supuesto plan. El Gobierno niega que tenga tal participación.
El MPD solicita el recurso de hábeas corpus para los jóvenes detenidos en días anteriores vinculados al GCP, y sobre los cuales se indaga posibles actos de subversión. Según el Ministerio del Interior, los detenidos pertenecerían a una célula del GCP y supuestamente planeaban actos de desestabilización contra el Régimen para este 8 de marzo. El informe de la policía dice que en e l lugar de su detención se encontraron equipos de comunicación y material de propaganda y cheques presuntamente con la firma del MPD. El director nacional de esta organización, Luis Villacís, descarta la acusación de atentar contra la seguridad del Estado que ha planteado la Fiscalía. ?Las acusaciones contra los jóvenes son falsas, todo es para atemorizar a los grupos que están organizando las marchas pacíficas del próximo jueves?. No es la primera vez que los jóvenes que pertenecen al movimiento se reúnen para debatir políticamente, dijo el dirigente. El MPD ha solicitado el recurso de hábeas corpus para los detenidos. La Fiscalía tiene treinta días para investigar la supuesta vinculación de los jóvenes con el GCP.

Jueves 8
En la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El Pangui, cientos de indígenas, estudiantes y
dirigentes sociales, realizan un acto dando inicio a la marcha en Defensa de la Vida, organizada por la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, integrada por varias organizaciones sociales y políticas (Pachakutik, Conaie, MPD, Montecristi Vive, Participación). Antes del inicio de la marcha Lourdes Tibán (asambleísta de Pachakutik) y Salvador Quishpe (prefecto de Zamora), se pronuncian en contra de la minería y la contaminación de las fuentes de agua, dos de las principales demandas de la marcha, la misma que recorrerá varias provincias de la Sierra y el 22 de marzo culminará en Quito. Así mismo se realizan marchas de oposición en varias urbes de la sierra y el oriente (Cuenca, Ambato, Latacunga, Puyo, Guaranda, Riobamba). Estas no fueron violentas y no se registraron incidentes, todas en defensa del agua y contra la minería. Por otro lado, seguidores del Gobierno marcharon desde el Parque El Arbolito hasta llegar a la Plaza de la Independencia, para mostrar su respaldo al Régimen y participar de la ?vigilia por la democracia? que se inició como celebración por el Día de la Mujer y terminó en un apoyo multitudinario a Correa y pidiendo su reelección. Simpatizantes que llegaron de varias provincias del país, recibieron desayuno y almuerzo. En una de sus varias intervenciones el Primer Mandatario advierte sobre la marcha de las organizaciones sociales, ?Dicen que se tomarán Quito el 22 de marzo; aquí estaremos no pasarán, ya el país no es el de antes?.
En la tarde en Quito trabajadores, maestros, estudiantes, integrantes del Seguro Social Campesino, la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, activistas políticos de Montecristi Vive, Participación y MPD, agrupados en la Coordinadora por la Unidad de las Izquierdas, participan de una concentración en El Ejido y posteriormente realizan una marcha a la Asamblea Nacional, con el fin de entregar un pliego de peticiones de estos diferentes sectores, así mismo, como diría uno de sus dirigentes ?Buscamos una alianza entre movimientos sociales, indígenas y fuerzas políticas?.

Viernes 9
La ?marcha por la vida y el agua y la dignidad de los pueblos? llega a Loja, y sigue sumando más personas de diferentes comunidades rurales. En la salida de Zamora y en el ingreso a Loja, la Policía ha controlado la documentación de conductores y vehículos que son parte de la marcha antiminera. En Loja fueron recibidos por indígenas y representantes de varias organizaciones sociales, una de ellas dijo que ?el respeto al agua y a la naturaleza debe motivar a los participantes, hizo la entrega de un queso redondo de cinco libras?. Como símbolo de solidaridad, los marchantes utilizan un monigote en forma de vaca, ?es una alcancía donde reciben donaciones de alimentos y dinero?. En una de las localidades de la provincia lojana, aparecieron alrededor de 70 personas lideradas por los concejales de Alianza País, quienes lanzaban consignas a favor del Gobierno. La policía estuvo presente y no hubo enfrentamientos. La caravana llega al Parque Bolívar de Loja, donde se realiza un mitin con discursos de sus Salvador Quishpe, prefecto de Morona, y Humberto Cholango, presidente de la CONAIE.

Sábado 10
Gobierno y oposición miden fuerzas en Cuenca. Por un lado, la marcha convocada por el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, convoca a miles de manifestantes quienes utilizan varias expresiones para protestar contra la explotación minera (zanqueros, afiches, máscaras, etc.). El prefecto se une a la movilización, indicando que respeta el mandato del presidente Correa, pero que es imperativo que escuche al pueblo. ?Esta movilización no pretende desestabilizar al Gobierno. Es la voz de los habitantes que quiere ser escuchada?. A pocas cuadras del lugar por donde pasaba esta marcha, se presenta la feria ciudadana impulsada por el Gobierno. En medio de la oferta de comida típica, juegos para niños, etc., diferentes ministerios exhibían los avances de su gestión. Por ejemplo, Esteban Albornoz, titular de Electricidad y Energía Renovable, señala que el Gobierno ?trabaja en soluciones reales por el medio ambiente, como el Plan Renova?, el mismo que cambia las neveras usadas, por nuevas. Así Cuenca la tercera ciudad más importante del país, se aprestaba a recibir a la marcha de las organizaciones sociales, que en días pasados salió de Zamora hacia Quito, la misma que llegaba al cantón indígena de Saraguro. Aquí se produjo un ligero incidente entre el prefecto Salvador Quishpe y el Comandante de la Policía. Esta quiso impedir el ingreso de la marcha a la Plaza Central, finalmente los marchantes rompieron el cerco e ingresaron pacíficamente.
En su enlace de todos los sábados, el Primer Mandatario, manifiesta que el 95% del impacto ambiental del proyecto Mirador firmado esta semana, será recuperado. Agrega que ?la renta que tenga el Estado se reflejará en obras para las comunidades como vías, escuelas del milenio, hospitales y hasta un velódromo?. Así mismo Correa, tilda de fracaso a la marcha convocada por los sectores sociales, y critica a Pachakutik y MPD (principales impulsores de la movilización) de estar respaldados por medios de comunicación, encuestadoras que mienten, y de recibir apoyo extranjero para desestabilizarlo. Advierte que 2estaremos preparados para recibirlos el 22 de marzo?, día previsto para la llegada de la marcha de las organizaciones sociales a Quito.

Lunes 12
La marcha Plurinacional de la Conaie y otras organizaciones toma fuerza en Azuay. En efecto, las parroquias cuencanas de Tarqui y Victoria del Portete, donde el discurso antiminero se mantiene desde hace más de cinco años, se sumaron masivamente a la movilización convocada por las organizaciones sociales. En la zona se encuentra el proyecto minero Quimsacocha, concesionado a la canadiense Iam Gold. Es uno de los cinco proyectos más grandes que busca impulsar el Gobierno. Por la cantidad de participantes, las fuerzas militares también se hicieron presentes, mientras tanto los dirigentes indígenas advertían a los cientos de movilizados a no caer en provocaciones. El prefecto del Azuay también se hace presente para respaldar a la marcha, junto a él el prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, hace declaraciones en relación a los posibles intentos del Gobierno de frenar a la movilización. En la tarde se unen a la marcha estudiantes universitarios agrupados en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y de alumnos independientes. Mientras tanto en la gobernación azuaya, se agrupan decenas de simpatizantes del Régimen, el gobernador Humberto Cordero, ordenaba la presencia de militares y policías por los rumores que existían sobre un supuesto ?plan golpista?. ?No he dicho que es un intento de golpe de Estado, sino un atentado a la democracia porque se quiere caotizar con falsa información a las bases indígenas sobre la minería?. Por otro lado el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, declara que ?el intento desestabilizador sale desde el Gobierno, sus funcionarios de confianza y las transnacionales mineras que buscan llevarse los recursos naturales?.

Miércoles 14
La ?Marcha por la vida, el agua y la dignidad?, que partió el pasado 8 de marzo desde Zamora Chinchipe llega a la provincia de Chimborazo, en medio de acusaciones del Gobierno de que ?el licor sigue siendo parte de las movilizaciones indígenas?. El diario oficialista El Ciudadano publicó ayer que 520 años después de la época colonial el alcohol continuaba siendo el ?motor para los indígenas que se dicen de la oposición?. Esto, a propósito del gesto que tuvo el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, hacia su homónimo de Zamora Chinchipe y cabeza de la movilización, Salvador Quishpe, cuando llegó a Cuenca: le entregó una porción de mote y una botella con licor como símbolo de la fuerza que espera le dé a los marchantes. El artículo resume que esta práctica era común en la colonia, cuando el trabajo de los indígenas en los campos era pagado con alcohol.
Los dirigentes indígenas han minimizado el hecho, pues lo consideran parte de la campaña de desprestigio que ha montado el Régimen contra la protesta de las organizaciones sociales. Así mismo los dirigentes han dado a conocer un manifiesto de 19 puntos que será entregado al presidente Correa. En dicho documento, exigen al Gobierno el respeto a la Constitución, la aprobación de una Ley de Aguas para el buen vivir, la no firma de acuerdos de libre comercio y la suspensión de las negociaciones con la Unión Europea, entre otras solicitudes. Este mandato fue enviado a Quito, con cuatro chaskis65, miembros de comunidades indígenas, y se espera tener una respuesta positiva del oficialismo. Por otro lado, la dirigencia indígena ha denunciado la infiltración en la marcha de elementos de la policía armados, quienes se han hecho pasar por supuestos estudiantes. En los dos casos encontrados, los infiltrados han sido entregados a la Policía. Algunos dirigentes advierten y coinciden en las intenciones del Régimen ?generar caos para intentar disolver la movilización?.
Jueves 15
Gobierno entrega recursos en las zonas por donde pasará la caminata de las organizaciones sociales. El ingreso a Chimborazo de la Marcha por la Vida, ha coincidido con un desembolso económico que el Ministerio de Finanzas realiza a la prefectura y a 10 alcaldías por la cantidad de USD 1,7 millones. Las bases indígenas acusan al prefecto Mariano Curicama, cuadro histórico de Pachakutik, de entreguismo al Régimen de Correa. Para los líderes indígenas esta oportuna entrega de recursos, es una estrategia del Gobierno para que las autoridades de la provincia se ?mantengan callados?. Así mismo el Gobierno a través de funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entrega a los campesinos de Guamote, utencillos agrícolas. Chimborazo ha sido un motor de anteriores movilizaciones, en la actualidad los mandos están divididos. El prefecto no niega su cercanía con el Régimen, incluso advierte que planteará al presidente Correa que ?si los dirigentes de la Conaie no quieren dialogar, que se lo haga con las bases?. Alianza País tiene un desafío en la provincia, pues en la Sierra centro y en Chimborazo principalmente, la población le dijo No en la última consulta popular.
El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE) da a conocer un manifiesto en el que cuestiona al gobierno: ?Inicialmente surgió como un proyecto de izquierda, pero en el camino perdió ese horizonte y estableció una política directa en contra del movimiento indígena y social del país, alejándose de quienes promovieron su candidatura y lo apoyaron?, dice, y critica ?La utilización de las contramarchas con los denominados ?grupos de choque?, [que] es un recurso peligroso para provocar enfrentamientos entre ecuatorianos?. Reclama, entre otros puntos, ?el tratamiento urgente de la Ley de Recurso Hídricos, la Ley de Acceso y Posesión de la Tierra y Territorio, Ley de comunas incorporando los aportes de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales; y ejecutar conforme mandato constitucional la Consulta Previa establecida en los artículos 398; 57 numerales 7, 17 que garantizan el derecho de información y consulta oportuna a las comunidades para toda actividad que involucre cambios en su territorio, cultura y educación de los pueblos ancestrales?, la ?reactivación de la Agenda Agraria?, una ?justicia autónoma e imparcial? y ?respeto a las organizaciones indígenas y sociales a sus procesos, para que no sean denigrados, intervenidos y fraccionados con ofrecimientos coyunturales?. Culmina expresando ?nuestro apoyo a todas las acciones que realizaren las organizaciones y sectores sociales en defensa del agua, territorio en ejercicio de su derecho a la diferencia de pensamiento ideológico, político y social y demandamos respeto al derecho a la libre circulación por el territorio nacional, porque un gobierno sin oposición no tiene razón de ser en una democracia verdadera?.

Viernes 16
La marcha Plurinacional por la Vida llega fortalecida a Riobamba capital de Chimborazo. En las afueras de esta ciudad, alrededor de 2.500 indígenas se han sumado a la protesta este día, así como asambleístas opositores. Alrededor de 3.000 marchantes arriban a la Casa Indígena en el centro mismo de Riobamba. Luego del discurso de sus principales dirigentes, estos han mantenido una reunión con los asambleístas de Pachakutik Lourdes Tibán y Gerónimo Yantalema quienes liderarán la marcha en Tungurahua y Cotopaxi. Así mismo la dirigencia indígena coordina acciones con dirigentes del MPD, y con los movimientos Participación y Montecristi Vive. Por otro lado, a pocas horas de la entrada de la Marcha por la Vida a la provincia de Tungurahua, el Gobierno intenta otra vez opacar esta movilización mediante eventos masivos encabezados por sus ministros. Esta vez, el ministro de Deportes, Francisco Cevallos, entrega kits deportivos en las escuelas de la capital tungurahuense.

Sábado 17
El enlace semanal de Rafael Correa se emite desde el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, llena de ecuatorianos migrantes. Correa descalifica la marcha indígena diciendo que no es una caminata y que no tiene convocatoria; dice que si el 22 de marzo entran 500 manifestantes a Quito, el gobierno pondrá 50.000 para ?defender la revolución ciudadana?.

Lunes 19
Luis Cubillos, dirigente del movimiento Patria Altiva I Soberana (PAIS) en Guayas, dice que la marcha indígena ?es parte de una estrategia golpista. No son los indígenas los que están a la cabeza de esta estrategia, es la banca; son los sectores que han perdido los privilegios en este país, que están financiando la movilización indígena, que se han movilizado aquí en Guayaquil?. Insiste que ?hay una posición de desestabilizar, porque son los intereses que han sido afectados por el gobierno de la Revolución Ciudadana, ya los bancos no mandan en este país, y la única posibilidad que tienen de recuperar el poder es a través de un golpe de Estado?.
Grupos de Alianza Pais inician las ?vigilias por la democracia? en las plazas de la Independencia (frente al palacio de gobierno) y San Francisco (tradicional sitio de reunión de las marchas del primero de mayo) y en el parque de El Arbolito (sitio donde desde hace más de una década se reúnen las marchas indígenas y otras manifestaciones de protesta social).

Martes 20
El Movimiento Popular Democrático (MPD) de Santo Domingo de los Tsáchilas denuncia que la intendencia de Policía ha prohibido la realización de una marcha que se había organizado para recibir a los adherentes de la marcha por la vida, que habían llegado desde la provincia de Esmeraldas, y que debía seguir a Quito. En Otavalo (provincia de Imbabura) se reúnen al menos tres centenares de indígenas pertenecientes la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), para iniciar una caminata a Quito, donde se unirán con la marcha que avanza hacia Quito desde el sur del país y que hoy a pasado por Latacunga y Saquisilí (provincia de Cotopaxi) y se apresta a llegar a la provincia de Pichincha. Por su parte, el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, ratifica en Latacunga ?que llegaremos el 22 de marzo desde dos frentes. Por el sur y por el norte de la ciudad. Queremos invitar a los quiteños y quiteñas a recibir la marcha porque es por la dignidad y libertad de los pueblos, para detener la prepotencia de un Gobierno autoritario?.

Miércoles 21
La Secretaria de Pueblos, Mireya Cárdenas, dice que está dispuesta a abrir un ?diálogo de paz? con las organizaciones indígenas cuya marcha llega mañana a Quito: ?Esperamos que el pueblo no se deje manipular?, dice. Por su parte, el subsecretario Édgar Frías afirma que ?en una sociedad democrática todos tenemos derecho a opinar y a discrepar: pero de ahí a impulsar acciones de violencia hay un tramo muy largo?. Por su parte, la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Doris Solíz, dice que para dialogar con el gobierno no se necesita realizar marchas, que los manifestantes serán recibidos por la ministra Coordinadora de la Política, Betty Tola, pero que no se dialogará ?con estas personas que no tienen un comportamiento democrático, un comportamiento de respeto?, refiriéndose a los asambleístas Lourdes Tibán (Pachakutik) y Jorge Escala (MPD), quienes ?dijo? ?estuvieron alentado a los conspiradores del 30S?66.
Se realiza la audiencia de apelación a la orden de prisión contra diez personas detenidas el 4 de marzo en el barrio Luluncoto, de Quito, a los que el régimen acusa de planear actividades subversivas, de atentar contra la seguridad del Estado, de ser responsables de la colocación de bombas panfletarias en Quito, Guayaquil y Cuenca, y de pertenecer al Grupo de Combatientes Populares (GCP).

Jueves 22
El presidente Correa, en entrevistas con la radio pública y con Ecuador TV (el canal oficial de televisión), reitera que informes de inteligencia indican que la marcha indígena es utilizada dentro de un plan de desestabilización contra el gobierno, pero que, ?como se les derrumbó todo y nadie les hizo caso, vinieron desinfladísimos, y ahora dicen: «No a la minería, bajen los impuestos»?.
La marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que inició el 8 de marzo en El Pangui, arriba a Quito desde el sur y desde el norte. Participan organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, de trabajadores, mujeres, jóvenes y ecologistas. En su recorrido reciben el aplauso de miles de personas que se ubican a la vera de las calles por donde avanzan, muchos de los cuales se suman al recorrido hasta el parque El Arbolito, donde ingresan pasadas las tres de la tarde. Antes de esa hora, el parque estuvo ocupado por simpatizantes del gobierno, que escucharon un discurso del presidente Correa antes de dirigirse hacia las plazas de la Independencia y de San Francisco. Hacia las 6 de la tarde se producen algunos incidentes entre manifestantes y policías, cuando los dirigentes de la marcha trataban de ingresar a la Asamblea para entregar un manifiesto a su titular, Fernando Cordero. Finalmente, a eso de las 7 de la noche, un grupo de 35 dirigentes son recibidos por Cordero, y le exponen las demandas de la marcha. La concentración en El Arbolito siguió hasta la noche, con la presencia de varios artistas. [Estimamos que al menos unas 40.000 personas se unieron a la marcha en su momento de mayor concurrencia.]
En Cuenca, más de 600 personas, encabezadas por mujeres de comunidades de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, realizan una marcha para expresar su solidaridad con los marchantes por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, que llegan hoy a Quito. La marcha pasó por una de las esquinas del parque Calderón, frente a la Gobernación, donde se reunían manifestantes progubernamentales.

Viernes 23
En entrevista con Gamavisión, actualmente bajo administración estatal, el presidente Correa minimiza la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos: ?A lo sumo hubo 7 u 8 mil personas con el respaldo del MPD, Sociedad Patriótica (PSP), medios de comunicación y de la peluconería de Quito?, dice, y añade que sólo dialogará con ?personas honestas?; además exige que se aplique la ley a los responsables de los golpes sufridos por cuatro policías durante las refriegas de ayer en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.
Celestino Wisum, alcalde de Taisha (provincia de Morona Santiago), critica al presidente Correa por sus expresiones frente a la marcha indígena y de otros sectores sociales que culminó ayer en Quito. Correa dijo que la movilización ?no movió ni 4.000 personas, pero nosotros, ¡nosotros somos 60.000!?. Wisum dice que ?Muchas veces [?] vemos cómo nuestro presidente desconoce esta forma de manifestación de diferentes sectores sociales. Creo que todavía tenemos que tratar este tema de la democracia?, y asegura que para los sectores sociales no se trata de medir fuerzas, sino de demostrar ?que no podemos permitir en el Ecuador una forma de gobierno que se precia de revolucionario pero persigue, criminaliza a los sectores sociales, a los líderes sociales que piensan distinto, que criminaliza a los medios que tienen otra opinión o punto de vista diferente que el oficialismo?.

Sábado 24
En su ?enlace ciudadano?, el presidente Correa niega haber usado el término ?pelagatos? para referirse a la marcha por el agua. Pero durante el enlace sabatino del 18 de febrero había dicho: ?Ya verán cómo esa prensa corrupta va a sacar en primera página: Gobierno pierde apoyo, movilizaciones multitudinarias, indígenas, campesinos, montubios, clase media, izquierda, derecha, todos marchando por la libertad contra el Gobierno, así sean cuatro pelagatos, como siempre hacen, verdad, tratando de crear atmósfera de tragedia, tremendismo, para ver si nos logran desestabilizar?.
La ministra coordinadora de la Política, Betty Tola, afirma que ?Durante la marcha [de los movimientos sociales] ha habido una paulatina deslegitimización. Conocimos que uno de los intereses era presentar un candidato presidencial. Se develó también un interés desestabilizador cuando la presidenta de la UNE señaló que la convocatoria a la marcha era el inicio del fin del gobierno de Correa. Y un afán conspirativo cuando Blasco Peñaherrera señala su respaldo a la movilización de la UNE. El otro sector fue la Conaie, que en su carta al país deslinda responsabilidad con estos afanes electorales y conspirativos, y señala puntos sobre los cuales colocan una agenda de discusión y demandas sociales legítimas?.
Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, afirma que la marcha fue ?un buen comienzo para profundizar los cambios? y que los objetivos primordiales de la marcha se cumplieron, pues ?se logró movilizar a un importante número de indígenas, pero también a los movimientos sociales, que además se entregó el documento con los 19 puntos que exigen las organizaciones?. ?Pese a que el presidente ni bien anunciamos la marcha empezó a hablar de desestabilización, nosotros queríamos demostrar que podemos responder al país de otra forma, con diálogo y paz?, añade. Por su parte, Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari, dice que la recepción que los quiteños dieron a la marcha por el agua demuestra que ?el racismo y las dudas que hemos tenido por siglos entre indígenas y no indígenas están desapareciendo, lo que facilitará la construcción del Estado plurinacional que queremos?, y añade que ?los indígenas estamos unidos. Pero no solo los indígenas, también los movimientos sociales han sabido demostrar esa unidad?.
Sábado 31
El presidente Correa vuelve a referirse a las afirmaciones de que se criminaliza la protesta social: ?En Ecuador no hay acusaciones (contra dirigentes indígenas), no hay juicios, no hay nada?, dice. Asegura que hay 42 casos que se ventilan en la justicia, de los cuales ?38 casos están en investigación?, y sólo cuatro están judicializados: dos por instituciones privadas y dos por parte del Estado. ?Uno ya lo perdió el Gobierno contra un dirigente indígena que cerró las carreteras cortando árboles?, dice, y el otro por la muerte del profesor indígena Bosco Wisuma, ocurrida en medio de protestas que se llevaron a cabo en septiembre de 2009. ?¿Ustedes creen que un asesinato es protesta social??, pregunta, y él mismo responde: ?En un Estado de derecho, un asesinato no puede dejarse de judicializar? 67.

Abril
Martes 3
El gobernador de Morona Santiago, Juan Arcos, pide -a través de un comunicado- al Presidente de la República destituir a un grupo de funcionarios (directores de área) por no haber participado en la ?contramarcha? organizada por el oficialismo el 22 de marzo en Quito. El funcionario detalla en la comunicación que ?el pasado martes 20 de marzo, en el gabinete provincial con la presencia de todos los directores institucionales se acordó ir a Quito y defender la revolución ciudadana de los intentos golpistas y desestabilizadores?.

Miércoles 18
La segunda sala de garantías penales de la provincia de Cotopaxi condena a un año de reclusión a
siete personas por haber participado en la toma de la gobernación durante la sublevación del 30 de septiembre de 2010. Los condenados son cercanos al Movimiento Popular Democrático (MPD), y entre ellos se cuenta un concejal, un asambleísta alterno y el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC).

Jueves 19
La sala de Conjueces de la Corte provincial de Justicia de Morona Santiago rechaza, por dos votos contra uno, el pedido de nulidad del juicio que se sigue contra dirigentes shuar por la muerte de Bosco Wisuma, ocurrida en septiembre de 2009 durante enfrentamientos entre indígenas y policías. La defensa justificaba su pedido en que se restaron 68 días de los 90 que correspondían al proceso de instrucción fiscal, en que se aprobó una acusación particular de la procuraduría del estado cuando ya había concluido el tiempo de la etapa de instrucción fiscal, y en que se les negó el derecho a ser informados en su idioma y de aplicar la justicia indígena, pues los hechos ocurrieron en una zona mayoritariamente indígena.

Sábado 21
Grupos sociales, como el Frente Popular y la CONAIE, anuncian que buscarán reunirse con los delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacerles conocer los expedientes de los dirigentes que han sido acusados y enjuiciados por participar en acciones de protesta social.

Sábado 28
En su ?enlace ciudadano?, realizado en el cantón Cascales, el presidente Correa se refiere a la consulta previa, y afirma que sus resultados ?no son vinculantes?. ?La consulta previa no es consulta popular?, dice: ?Las oNG buscan que la consulta previa sea consulta popular y que sea vinculante, eso significa que para dar cualquier paso vamos a tener que pedir permiso a la comunidad, eso es gravísimo, eso no dicen los tratados internacionales, no es velar por los intereses de las mayorías sino de la unanimidad, sería imposible gobernar así?.
Mayo
Jueves 3
Las diez personas detenidas, acusadas de supuestamente planificar atentar contra la seguridad del Estado, cumplen dos meses de estar detenidos. Los familiares de los detenidos anuncian que han acudido a los organismos de DD.HH, para denunciar supuestas anomalías en las investigaciones del caso. Los acusados fueron detenidos, días antes de iniciarse las movilizaciones de los sectores sociales en marzo pasado.
Viernes 4
Críticas a la Asamblea y al régimen en último informe de derechos humanos. Una baja producción de leyes en la Asamblea, incremento en la conflictividad en el país y la falta de políticas integrales de seguridad que desembocaron en el incremento de algunos delitos, son las conclusiones del informe de Derechos Humanos 2011, elaborado por el Programa Andino de Derechos Humanos en coordinación con la Universidad Andina Simón Bolívar. Según los coordinadores de la elaboración, la información recopilada fue obtenida de la web de la Asamblea, el Sistema de Información para la Gobernabilidad (SIGOB) y varios medios impresos.

Domingo 6
Pobladores del recinto Juan Montalvo, en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, se enfrentaron el pasado domingo a militares que buscaban inmovilizar la maquinaria que se utiliza en la minería. Los enfrentamientos, que dejaron además una mujer herida, ocurrieron dentro de un operativo simultáneo realizado el fin de semana pasado en las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Napo y que dejaron un total de 5 máquinas inutilizadas, 235 incautadas y 2 detenidos, según el ministro del Interior, José Serrano. Dirigentes mineros de Esmeraldas afirman estar listos para defender su trabajo en las minas. Mineros artesanales aseguran haber sido víctimas de represión militar. Para inutilizar maquinaria con la que trabajan, cientos de uniformados llegaron el pasado fin de semana a San Lorenzo y Eloy Alfaro, además de otros cantones del país. Existe desesperación en los dirigentes y trabajadores, ?no queremos salir a robar, no queremos ser nuevos integrantes de las bandas de delincuentes en el país, pero nos están llevando a eso. Somos más de 20.000 personas que no tenemos cómo alimentarnos porque el Gobierno nos ha quitado nuestra fuente de trabajo?, expresa Kiler Ortiz minero de San Lorenzo. Además añade que hubo enfrentamientos entre los comuneros y los militares a lo largo de toda la zona, ?no estamos dispuestos a dejarnos quitar nuestras herramientas de trabajo, la gente ha estado en silencio por temor a que les metan presos?, dijo.

Viernes 11
Una cadena de la Secretaría de Comunicación (Secom) asegura que los planteamientos del informe sobre derechos humanos del Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar ?no tienen ninguna base investigativa?, que ?no son más que una recopilación de un boletín de prensa de la CONAIE, de unas cuantas páginas de un sindicalista petrolero despedido por sus abusos? (?abusos?, que, por cierto, no se explican), ?de un periodista informante de la embajada norteamericana que defiende la empresa como medio de comunicación?, ?y de un informe del ex defensor del pueblo, que se refiere a temas particulares, a juicios privados?. ?Una nueva vergüenza para la universidad ecuatoriana?, concluye68.

Sábado 12
En su ?enlace ciudadano? de los sábados, el presidente Correa se refiere al informe sobre derechos humanos publicado por el PADH: ?Lo que dice ese informe y la fuente en la que se basa? ¡qué vergüenza!?, y, fiel a su estilo, añade: ?Senescyt: [refiriéndose a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación], ¡tome cartas en el asunto! No podemos tener estos fraudes académicos?69. El sábado 19 aún va a insistir: ?compilación de pasquines sin ningunarigurosidad académica, mentiras abiertas para tratar de hacer daño al Gobierno?70. En seguida dirigió sus dardos sobre el rector de la universidad: ?Señor rector Ayala Mora, usted puede decir que esto no es en contra del gobierno pero ni usted mismo se lo cree, esto es una conspiración de pasquines sin ninguna rigurosidad académica, mentiras abiertas para tratar de hacer daño al gobierno. [?] Que esto lo auspicie una universidad es una verdadera vergüenza, esto es deshonestidad académica, esto es un fraude académico. Incluso voy a revisar si nos podemos quejar con la Comunidad Andina porque la Universidad Andina Simón Bolívar es una universidad de la Comunidad Andina y no podemos tener una universidad que se dedique a hacer politiquería barata en vez de hacer academia?71. El gubernamental diario El Telégrafo también comenta el informe: En la edición del sábado 12 de mayo, decía un titular: ?DD.HH. vistos por actores políticos?. El subtítulo ponía: ?Un ex dirigente de un partido político de centro-derecha, un ex sindicalista de la estatal Petroecuador y un miembro de Acción Ecológica, ONG que fuera suspendida temporalmente en 2009, son coautores de informe sobre Derechos Humanos en el país?; luego especificaba: ?Entre los académicos que participaron en la elaboración están un ex miembro de la Democracia Popular, (hoy de Pachakutik) y profesor universitario, Julio César Trujillo; un ex dirigente sindical de Petroecuador, que fue despedido, Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010. Otro coautor es Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica, que en 2009 fue suspendida, de la cual es parte Alberto Acosta, opositor al régimen?72. Y el domingo 13 de mayo insistía: ?Entre los académicos que participaron están un ex miembro de la Democracia Popular, Julio César Trujillo; el ex dirigente sindical Diego Cano, quien llamó a tomarse la Asamblea el 30 de septiembre de 2010; Ricardo Buitrón, miembro de Acción Ecológica y el opositor Alberto Acosta?73.

Domingo 13
La Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia realizó ?inteligencia? en la denominada marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad, de marzo pasado, y a las organizaciones sociales que se movilizaron en contra del Gobierno. Un reporte de la Presidencia de la República sobre la información administrativa de Carondelet relacionada a la movilización de funcionarios, revela las múltiples solicitudes que hizo el mayor de Policía Santiago Mena Vallejo, integrante de la Unidad, para desplegar a personas a distintos puntos. El informe publicado el 2 de mayo, detalla los pedidos para el traslado de uniformados de la Policía a ciudades como Zamora, Loja, Riobamba, Latacunga, sitios por donde recorrió la marcha indígena para llegar a Quito, entre el 15 y 23 de marzo del 2012. El presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, califica de ?indígnante e inmoral? que esta dependencia haya infiltrado a su personal, nosotros solo pedíamos rectificaciones al oficialismo, dice.

Jueves 17
En rueda de prensa, Humberto Cholango, presidente de la Confederación de nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presenta 23 expedientes de dirigentes indígenas a los que se sigue juicio por participar en protestas contra el gobierno. ?El presidente de la República ha preguntado qué dónde están los enjuiciados por sabotaje y terrorismo, y nosotros le decimos: Señor presidente, aquí están los expedientes de todos los enjuiciados por terrorismo, sabotaje, obstrucción de vías, aquí están los perseguidos por una justicia corrupta, los perseguidos por las empresas transnacionales?, dice, y añade que del resto de casos no se les ha brindado información por hallarse en ?indagación previa? en la fiscalía. Los casos, planteados por terrorismo, sabotaje y asociación ilícita, fueron iniciados por las empresas Adelca, Cecal, Lafarge, Petroriental y Purocungo.

Viernes 18
El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) rechaza las críticas que el presidente Correa y la Secretaría de Comunicación (SECOM) han hecho al Informe de Derechos Humanos Ecuador 2011, publicado por el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH), que desarrolla la UASB. Dice que el texto no es un ?panfleto de oposición al gobierno? ni un ?fraude académico?, y remarca que ?el gobierno actual tiene varios puntos a favor en la promoción de los derechos humanos; [...] no vivimos en el Ecuador una dictadura como se ha afirmado?, pero existen preocupantes signos de autoritarismo, especialmente al considerar las acciones de protesta social como terrorismo.

Martes 22
En conversación con la prensa, el presidente Correa resalta la recepción en el Consejo de DerechosHumanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el informe del gobierno ecuatoriano sobre la situación de los derechos humanos en el país: ?Los logros de un país han sido tan contundentes y categóricos que generaron una ovación inusual de todos los presentes que solo puede ser negada por los necios? Que 17 países expresaron su preocupación sobre la libertad de expresión.
¿Y cómo se enteraron? En base a lo que publican los medios sobre que no hay libertad de expresión. Ya caen en el ridículo, tratan de ocultar lo inocultable?. Añade que ?El país no solo está avanzando hacia el desarrollo, a pagar la deuda social, combatir la pobreza, sino que en muchas cosas estamos a la vanguardia a nivel mundial, como en el caso de (la atención a las) discapacidades?.
Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), se refiere a la situación de los derechos humanos en el Ecuador. Dice que hay avances en el área social, aun con limitaciones de calidad, pero dice que se utiliza la justicia para fines políticos. ?Esto es inaceptable?, señala al referirse a las demandas por terrorismo y sabotaje contra dirigentes indígenas, ?terrorismo es como en Afganistán en donde mueren 60 o 70 personas, eso es terrorismo, aquí en el país no existen grupos terroristas y esa utilización es desproporcionada?.

Miércoles 30
El MPD y Pachakutik presentan en la Asamblea el pedido de amnistía para 31 dirigentes sociales procesados o detenidos. El pedido se anexa al realizado días atrás por Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, para amnistiar a 129 dirigentes sociales. El MPD y Pachakutik plantean, entre otros, los casos del exdirigente universitario Marcelo Rivera, de la expresidenta del magisterio, Mery Zamora, y de 10 detenidos días antes de la marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos, iniciada en la sureña provincia de Zamora el pasado 8 de marzo, que culminó en Quito el 22 del mismo mes. La CONAIE había planteado los casos de dirigentes acusados por empresas privadas como Cecal, Lafarge, Adelca, Petroriental y Purocungo, que utilizan también las figuras de terrorismo, sabotaje y asociación ilícita.
62 La cronología se realizó a partir de la información aparecida en la prensa. Se tomaron como referencia los periódicos El Comercio y El Universo, excepto en donde se indica lo contrario. Fue realizada por Mario Unda, Hugo González y Santiago González. Puede consultarse en  http://www.clacso.org.ar/institucional/1h.php?idioma=. Sobre esa base se ha realizado la cronología que se presenta a continuación, tomando en cuenta los hechos que se refieren a la criminalización de la protesta social
63. La ley de Recursos Hídricos (conocida también como ?ley de Aguas?) busca regular el acceso y el control del agua, que en la propuesta queda bajo la égida del Estado (y, dentro de él, del Ejecutivo). Los puntos polémicos son varios: por un lado, los grupos empresariales han reclamado que cargan impuestos a actividades como las camaroneras, y que se impide la presencia del sector privado en la explotación turística y en el embotellamiento del agua. Por otro lado, las organizaciones campesinas e indígenas plantean que la autoridad única del agua debe residir en un consejo participativo, y reclaman una redistribución del acceso al agua, fuertemente concentrado en la actualidad.
64.  http://confirmado.net/archivo/nacionales/20888-protestas-indigenas-son-%E2%80%98agresion-y-sabotaje%E2%80%99-dijo- correa.html
65. Chaski, en quichua, mensajero.
66 Se refiere a la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, que el gobierno califica como intento de golpe de Estado y de magnicidio.
67 http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=31711:en-ecuador-se-persiguen-delitos-no- personas-&catid=40:actualidad&Itemid=63
68 .  http://www.youtube.com/watch?v=ITJVNTIPIow (publicado el 14 de mayo).
69.  http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=32495:presidente-critica-informe-sobre- dd-hh-de-universidad-andina-video&catid=40:actualidad&Itemid=63
70.  http://www.ecuadorenvivo.com/2012051991822/politica/correa-_informe_sobre_ddhh_de_universidad_andina_es_una_
compilacion_de pasquines_.html
71.  http://www.elcomercio.com/sociedad/Resumen-Tabacundo-Enlace-Presidente-Rafael_0_703129724.html.
72.  http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39126&Itemid=2.
73.  http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=39203&Itemid=2.




Website: http://fetralpi.blogspot.com/2012/12/criminalizacion-y-buen-vivir-2-la.html


 
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