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El Gobierno de Correa es represivo

Diario Hoy 26.12.2012 20:20
Elsie Monge dice que la Fiscalía ha sido inoperante. Van para tres años y 118 casos de la Comisión de la Verdad siguen en indagación previa. El Ministerio de Justicia no responde 12 comunicaciones

Elsie Monge
Elsie Monge


¿Qué calificación daría a Ecuador en 2012 materia de derechos humanos?

Hay cosas positivas como tener más presupuesto para educación, salud y vialidad, pero lo que preocupa es todo lo que tiene que ver con libertades.



¿Qué ha pasado con las libertades?

Por decir lo menos, están muy restringidas. La libertad de expresión, la libertad de reunión, de organización. No solo son periodistas y medios de comunicación los que han sido enjuiciados penalmente. Es el mismo patrón con la criminalización de la protesta social. Hay comunidades campesinas e indígenas afectadas en sus derechos a sus territorios, al agua y a la vida misma. Cuando hacen manifestación reclamando estos derechos, se toma como crimen y se enjuicia administrativamente y, a algunos, como a terroristas.



¿Cuántos procesados hay por manifestarse o expresar su opinión?

Pasan de 100. Pero no solo 2012. Ya vienen en años anteriores



¿En el Gobierno de Correa?

Así es. Creo va de la mano con el boom minero. La visión es que hay una fuente de ingresos pero a qué precio. En otros países se ha devastado con la situación minera.



¿Qué significa para usted el caso de los 10 de Luluncoto?

Tiene el mismo común denominador: acallar cualquier voz distinta, disidente. Estos jóvenes son dirigentes estudiantiles o con inquietudes sociales que estaban reunidos discutiendo la situación sociopolítica del país y, entonces, irrumpe un grupo como de 50 policías, los maniatan, los lanzan al suelo, los maltratan y no se les dice de qué se les acusa. Allí la primera violación a los derechos humanos. Un arresto arbitrario e ilegal. No hay orden de detención ni allanamiento y se los mantiene incomunicados.



El Estado ejerciendo su poder.

Un abuso de poder. Son más de nueve meses los que están detenidos, sin estar condenados. Allí, más bien, se ve una posición ideológica, no legal.



¿Por qué?

El hecho de que algunos sean simpatizantes del MPD no es como para que sean los enemigos. Silenciar cualquier diferencia o discrepancia de opinión es el transfondo, pero no pueden acusar de terrorismo.



¿En qué tipo de Estado se vive?

Toda violación a derechos humanos tiene que ver con abuso de poder. Por eso decía que las libertades están restringidas, por decir lo menos.



¿El poder es violento per sé?

El poder es un cañonazo muy fuerte que muy pocas personas lo pueden manejar. Pero el poder per sé no es, necesariamente, violento. Debería ser una oportunidad de servir más y mejor porque tiene recursos a su disposición. Es una tentación muy grande abusar de ese poder. El momento que lo hace está violando derechos.



¿Tienen evidencias de que el Gobierno de Correa es un gobierno represivo?

Los que he mencionado son casos de criminalización. Una represión a gente defensora de derechos comunitarios y de la naturaleza. Acusar de terrorismo es también utilizar una ley arcaica del tiempo de la dictadura; es decir, una ley represiva. Si se usa una ley represiva, ¿qué podemos decir?



¿Es posible desarmar un aparato represivo?

Es difícil porque, en la practica, viene arrastrándose desde hace mucho tiempo. Lo que siempre hemos dicho es cómo se puede dar paso en esa dirección. La formación tiene mucho de represiva. En este año, han salido muchas denuncias de aspirantes de policías que han sido torturados. Eso crea una rebeldía interna que no pueden manifestar y luego practican lo mismo con otros.



¿Se ha investigado esos casos?

Hubo las denuncias pero no hemos conocido más.



¿Han tenido acceso a las denuncias?

Sí. También hemos tenido casos de algunos que han venido a la Comisión a exponer la violación de la que han sido objeto. La formación es una parte, la otra es la sanción y no hay. Todo eso se queda en la impunidad.



Hay muchas denuncias de corrupción pero no hay sancionados.

La impunidad y la corrupción van de la mano. Cuando hay actos de corrupción que no se sancionan, se está dando carta blanca. Es muy difícil probar la corrupción, pero hay casos que son tan evidentes y que tampoco se sancionan.



¿Qué le dicen personajes como la ministra Mireya Cárdenas que, tras haber militado en un grupo subversivo, ahora es parte de los críticos a los luchadores sociales?

Hay una contradicción. Como muchos ecuatorianos, se pensó que este Gobierno iba a cambiar las cosas, pero hemos visto que los planteamientos originales se han desvanecido.



¿Le ha preguntado qué pasó?

Pienso que algunas personas, incluso puede ser ella, que creen que es una oportunidad para un cambio, pero los hechos hablan por sí mismo.



Hay algunas personas del Gobierno que estuvieron junto a usted en las luchas contra un Estado represor y ahora están del otro lado. ¿Qué le dice eso?

Me da mucha pena porque en derechos humanos hemos tratado de cuidar, con mucho recelo, la independencia y la autonomía, pensando en que iban a aportar a un cambio. Pero el rato que se está en el poder como que hay inexplicables virajes.



¿El poder trastoca a la gente?

Sí. Así parece ser.



¿Qué opina de Gustavo Jalkh que estaba del lado de la justicia?

Cuando estaba en el Ministerio de Justicia se podía conversar. Por ejemplo, en toda la cuestión penitenciaria había un deseo de mejorar la situación. Pero eso quedó atrás. Ahora sigue en otros lugares y ya no se le ve con esa misma posición.



¿Y del fiscal Galo Chiriboga que estuvo en organismos que trabajaban por los DDHH?

Digamos que la impunidad tiene raíces en la investigación policial y fiscal porque ellos pueden hacer que el proceso continúe o que se estanque.



¿Le ha decepcionado la labor de investigación de la Fiscalía?

Mi experiencia es con los 118 casos de la Comisión de la Verdad que se presentó en la Fiscalía. Van para tres años y siguen en indagación previa. Eso es inoperancia.



¿No siente que fueron usados políticamente?

Lo que decíamos es que actuamos para esclarecer la verdad de los hechos. Ese es nuestro objetivo y, hasta cierto punto, eso se logró. Pero, no se puede ser ingenuo para pensar que no ha habido un interés político. Desde luego que sí.



La persona más involucrada fue León Febres Cordero y ya no está. ¿No será por eso que se ha desactivado el proceso?

Creo que ese era parte del objetivo político: debilitar, sino, desaparecer, esa corriente. Pero estamos viendo que hay situaciones similares como esto de los 10 de Luluncoto.



¿Sigue vigente la doctrina de la Seguridad Nacional?

Se dice que ha habido reformas a la doctrina de seguridad, pero en los hechos no veo que se haya cambiado mucho. En la nueva Ley de Seguridad se habla de militarizar los sectores estratégicos. ¡Dónde estamos! Es justificar la represión.



¿Hay casos de desaparecidos en el Gobierno de Correa?

Sí. Se ha conformado un comité de familiares de desaparecidos porque hay algunos casos. El 10 de diciembre hubo un plantón en la Plaza de la Independencia por los caso de desaparecidos.



¿Cuántos son?

Estuvieron como 10. Son casos en que no hay, necesariamente, indicios de fuerza pública en cuanto a la detención. Pero la responsabilidad viene de la falta de investigación. Hay el caso de la chica Garzón, colombiana. Se han presentado posibles indicios y no se han investigado. Es uno de los más notorios. El padre se ha trasladado acá para impulsar la investigación, pero no avanza.



¿Habla con funcionarios de Gobierno de Correa?

Sí, por nuestro trabajo hay interlocución con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Pero en el Ministerio de Justicia tenemos como 12 comunicaciones que nunca han contestado. Tienen que ver con el derecho de las personas privadas de la libertad y ahí no hay repuesta.



¿Qué significa?

Antes, por lo menos, nos decían que han pasado a conocimiento de algún funcionario. Creo que eso es parte del derecho a la información.



¿Cuál es su opinión sobre el plan de recompensas que implementó el Gobierno con fotos y todo de los supuestos infractores?

A mí, eso me preocupa porque si bien lo que se aduce es que es para poder ubicar a los más buscados, hay un peligro muy grande. Por el dinero, pueden levantar calumnias contra una persona. Utilizar a una persona para delatar a otra, no me parece muy ético.



¿Ha expresado esa opinión a funcionarios del Gobierno?

A los funcionarios, directamente, no, pero por los medios de comunicación, sí.


Website: http://www.ecuadornoticias.org/index.php/nacionales/330-el-gobierno-de-correa-es-represivo


 
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